La recaudación tributaria se contrajo en 17,4% en el 2020 y una presión tributaria (recaudación/PBI) que retrocedió hasta niveles equivalentes a lo registrado en el año 2003 (13,2% del PBI), la reforma del sistema tributario no ha sido ajena para los dos partidos que el próximo 6 de junio pugnarán por llegar a Palacio de Gobierno.
Keiko Fujimori, candidata por el partido Fuerza Popular, proponen una reforma tributaria pensada en impulsar la formalización de más contribuyentes mediante la simplificación del actual sistema y plantea incrementar la recaudación.
Por otro lado, Pedro Castillo, candidato por Perú Libre, propone incrementar los tributos para ciertas industrias. Asimismo, indica que eliminará las exoneraciones a las empresas transnacionales y apunta a la descentralización fiscal y tributaria a través de la adopción de un esquema de estados federados, en el que cada uno administraría hasta el 70% de la recaudación (40% regional y 30% municipal) y el 30% restante se transferiría al gobierno central para las políticas rectoras y de control del Estado.
Adicionalmente sostiene que incrementarán el Impuesto a la Renta (IR) de 30% a 70% u 80% a las empresas trasnacionales dedicadas a la explotación de recursos mineros, hidrocarburos, energéticos y de comunicaciones.
Sobre la propuesta de Fuerza Popular, Pablo Sotomayor, abogado del Área Tributaria de Miranda & Amado, sugirió al diario ‘Perú21’ que para no ahogar a las empresas durante la pandemia y pensando en asegurar una recaudación mínima, deberían establecerse regímenes particulares para los sectores más golpeados, que permitan el pago de menores impuestos o el diferimiento en el pago de los tributos. Asimismo, recomienda una revisión de los esquemas de fraccionamiento y aplazamiento de deudas tributarias.
Respecto a una reforma, Pablo Sotomayor indica que el Perú requiere es aquella que permita ampliar la base tributaria e incrementar la recaudación.
Por último, Sobre los planteamientos de Perú Llibre, como el incremento de tributos solo para ciertas industrias, el abogado de Miranda & Amado considera que, de concretarse esa propuesta, con el apoyo del Congreso o mediante la concesión de facultades legislativas, podrían violar derechos constitucionales de los contribuyentes como el derecho a la propiedad y el principio de no discriminación.
En el caso de las exoneraciones a las empresas transnacionales comprendidas en Convenios de Estabilidad Jurídica (CEJ) celebrados con el Estado. Sotomayor resalta que al actual Constitución no lo permitiría. Asimismo, indica que la única manera que se podría dar es que los inversionistas y empresas receptoras de inversiones renuncien a esos convenios, quedando sujetas al régimen general tributario, pero traería consecuencia ya que Perú perdería credibilidad en atraer inversión extranjera.
J.A.Z.C
