En el 2006, Charles Acelor y Vladimiro Montesinos fueron condenados por la venta de fusiles de asalto rusos a los terroristas de las FARC en Colombia. Así, tanto Montesinos como Acelor fueron condenados por el Poder Judicial tras descubrirse que ambos estaban involucrados con una organización dedicada a aquellas ventas, ya que Montesinos era quien lideraba la banda y Charles Acelor era uno de sus cómplices.
Tiempo después de que Acelor cumpliera los años de condena impuestos por el Poder Judicial y saliera en libertad, acudió y presentó ante el Tribunal Arbitral Internacional un acuerdo de conciliación firmado por uno de sus abogados y un procurador. En ‘Cuarto poder’ se revela que, en este documento, Acelor expresa que «el Perú prácticamente le pide perdón por haberlo condenado junto a Montesinos».
Además, se detalla que «el Perú aceptó indemnizar a Acelor con nada menos que US$7.500 millones por someterlo a una condena injusta».
También, se detalla que en la conciliación aparece la rúbrica de su abogado, Diego Humberto León Arroya, y del procurador público supranacional Carlos Reaño Balarezo.
PALABRAS DEL PROCURADOR
El procurador público supranacional Carlos Reaño Balarezo, mencionó que el escrito presentado por Acelor «es falso e inviable jurídicamente».
«Esta firma debe haber sido extraída de un documento anterior firmado manualmente o es una firma falsificada y, para ello, la Fiscalía debe determinar con perito, pero, más allá de que sea una firma copiada o no, no he suscrito en ningún momento un acuerdo de reparaciones. Si no lo he invitado a reunirnos, tampoco he firmado un acuerdo de conciliación amistosa en estas fechas. Además, tiene inconsistencias», declaró para Cuarto Poder.
También se evidencia que en el acuerdo conciliatorio está la firma del notario Octavio Telada de Pucallpa, pero él aseguró que el documento presentado por Acelor es «falsificado» y que «la firma no corresponde a su notaría».
DEMANDAS AL ESTADO
Es preciso indicar que las autoridades peruanas no le pagaron a Acelor lo que pedía. Por ello, él demandó al Estado peruano en junio del 2022 ante la Corte Internacional de Arbitraje y el procurador del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) Erick Villaverde defendió al Perú de la denuncia.
«Consideramos injusto que Perú pueda pensar en pagar US$7.500 millones en una pretensión contenida en un documento que es falso», manifestó Villaverde.
