Vladimir Cerrón es sentenciado a cuatro años de prisión efectiva

Vladimir Cerrón es sentenciado a cuatro años de prisión efectiva. No obstante, el magistrado Guido Arroyo dispuso que la sentencia pase a ser ejecutada cuando esta misma sea confirmada en segunda instancia.

Sentencia por colusión es efectiva, pero se ejecutará recién si la siguiente instancia la confirma. Foto: ANDINA.

El Sexto Juzgado Penal Unipersonal Supraprovincial Especializado en delitos de Corrupción de Funcionarios Públicos de Junín impuso cuatro años de prisión efectiva al exgobernador de Junín, Vladimir Cerrón, y otros funcionarios de su primera gestión regional (2011-2014) por el caso del Aeródromo Wanka.

No obstante, el magistrado Guido Arroyo dispuso que la sentencia pase a ser ejecutada cuando esta misma sea confirmada en segunda instancia.

Durante el juicio oral que se inició los primeros días de enero de 2022, el fiscal adjunto del Cuarto Despacho Miguel Canchanya sustentó ante el juzgado que el sentenciado por corrupción Vladimir Cerrón y Luis García, apoderado del consorcio Gran Aeródromo Wanka, suscribieron un contrato para la construcción del aeródromo sin considerar el pronunciamiento de la Dirección General de Política de Inversiones (DGPI) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Este acto ilícito se confirmó con la suscripción del contrato de fecha 4 de junio de 2014, el mismo que obligaba al GRJ a realizar el pago del 0.5% del monto de la inversión al contratista, propuesto con la declaración de interés de la iniciativa privada que ascendía a S/2´018,180.

La sentencia también alcanza a Aldrín Zárate, exgerente de Desarrollo Económico; Mercedes Carrión, exjefa de asesoría jurídica y Luis Arauco, ex director regional de Transportes, en calidad de autores. También a Serafín Blanco, Luis García y Nataly de la Vega en calidad de cómplices contra la administración pública en la modalidad de colusión en agravio del Estado y el Gobierno Regional de Junín.

En esa línea, Cerrón y compañía fueron inhabilitados, también, por cuatro años, para ejercer cargos públicos y se les impuso el pago de una reparación civil de S/2′018,180.

El magistrado dispuso una serie de reglas de conducta a los condenados que conlleva a no ausentarse de la localidad de su residencia. También, cumplir con registrarse en el control biométrico cada lunes hasta la culminación del proceso penal, así como impedimento de salida del país.