A la salida del primer día de juicio contra el expresidente, declaró a la prensa: “La Fiscalía y la Procuraduría adviertieron un pedido de nulidad en el proceso, que es lo que ha hecho presente mi abogado”.
Señaló Vizcarra que la acusación del fiscal carece de fundamentos y argumentos, a pesar de las pruebas en su contra. Además, afirmó que no tiene intención de salir del país.: “No me internaré en una clínica ni tampoco me voy a autoeliminar”
El ex mandatario está siendo juzgado por presuntos actos de corrupción relacionados con el Hospital de Moquegua y el proyecto Lomas de Ilo. El juicio, que comenzó el 28 de octubre, se llevó a cabo en la Sala 1 del edificio Carlos Zavala, bajo la dirección de la jueza Fernanda Ayasta y sus colegas Lorena Sandoval y Giovanni Félix.
Las acusaciones se centran en el delito de cohecho pasivo, imputándole irregularidades en los procesos de licitación de estas obras públicas, que son de gran importancia para la región y están bajo investigación por sospechas de corrupción.
A su llegada al juicio, Vizcarra sostuvo a la prensa que se diferencia de otros exmandatarios acusados, insistiendo en que nunca ha malversado fondos estatales y que trabajó con diversos gobernadores y alcaldes durante su presidencia, aunque el proceso actual se basa en acusaciones de corrupción de su gestión como gobernador regional.
La defensa de Martín Vizcarra ha presentado un recurso para anular el inicio de su juicio, aunque ha declarado que aceptará la decisión del tribunal al respecto. El expresidente destacó que su solicitud se basa en un pedido similar del Ministerio Público. Se espera que el proceso judicial dure aproximadamente cuatro meses, dado que solo se cuestiona a un único funcionario.
Elard Tejeda Moscoso, exgerente de Obrainsa, y los exdirectivos de ICCGSA, Fernando Castillo Dibós y Rafael Granados Cueto, también están bajo investigación en el caso del proyecto Lomas de Ilo, adjudicado en 2013 mediante una licitación pública internacional gestionada por la UNOPS.
Por lo que la fiscalía investiga posibles irregularidades en la adjudicación y ejecución de estos proyectos, centradas en la gestión de Martín Vizcarra como gobernador de Moquegua entre 2011 y 2014, y ha recibido testimonios de colaboradores eficaces sobre delitos de colusión, cohecho y asociación ilícita. Vizcarra enfrenta una pena de 15 años de prisión y ha solicitado anular el juicio por presuntas violaciones a sus derechos fundamentales.
