Según un comunicado del Departamento de Estado, estas misiones internacionales, promovidas por el gobierno cubano, formarían parte de un sistema que “abusa de los profesionales de la salud, enriquece a un régimen autoritario y priva a los ciudadanos cubanos de servicios médicos esenciales”. La medida busca responsabilizar a quienes perpetúan este modelo, por considerarlo incompatible con los principios de derechos humanos y laborales.
Las restricciones incluyen a familiares directos de los funcionarios involucrados, con especial énfasis en quienes lideran programas sanitarios binacionales con Cuba. Aunque no se precisaron los países afectados, se sabe que Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador mantienen convenios vigentes con La Habana para el envío de brigadas médicas, muchas activas desde hace décadas.
Uno de los casos más emblemáticos es el de Guatemala, donde la cooperación médica con Cuba se remonta a 1998, tras el paso del huracán Mitch. Desde entonces, cientos de médicos cubanos han prestado servicios en comunidades rurales e indígenas, participando también en respuestas a emergencias como la erupción del volcán de Fuego en 2018, la pandemia de COVID-19 y las tormentas Eta e Iota. En 2005, el programa se amplió con la Operación Milagro, que ofrece cirugías oftalmológicas gratuitas.
Recientemente, el diputado Álvaro Arzú Escobar y la ex canciller Sandra Jovel habrían presentado una denuncia en Washington, acusando al gobierno guatemalteco de colaborar con un supuesto esquema de trata de personas. Señalan que los convenios con Cuba representan una forma de explotación laboral, ya que gran parte del salario de los médicos es retenido por el Estado cubano.
La postura de Washington se alinea con la política exterior adoptada durante la administración Trump, centrada en cortar los flujos de financiamiento al régimen cubano. En este contexto, países como Bahamas y Guyana han comenzado a implementar cambios, optando por pagar directamente a los médicos cubanos, sin intermediación del Estado ni de entidades como la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos S.A., parte del conglomerado militar GAESA.
Por su parte, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha calificado estas acciones como un “chantaje vulgar”, defendiendo que las brigadas médicas representan un acto de solidaridad internacional y una fuente vital de ingresos para la isla.
Con esta decisión, Washington refuerza su estrategia de presión diplomática y económica sobre La Habana, dejando al descubierto las tensiones regionales que rodean el papel de las misiones médicas cubanas como herramienta de influencia en América Latina.
