Una reforma profunda del sistema judicial

Por: Alejandro Marco Aurelio Capcha Hidalgo
Periodista: Reg.-N°-4654-


El extranjerismo de moda que, asumimos sin cuestionar omitiendo en la educación escolar y universitaria aspectos esenciales como impulso, perseverancia, honestidad, integridad y ascenso en base al mérito. Ha desaparecido la consideración hacia el profesor, el respeto y deferencia. Esta realidad se ha transferido a la profesión jurídica, en casi todos sus espacios. Mientras en Estados Unidos el ser juez de distrito otorga un papel relevante de reconocimiento y fama, en nuestro país ni siquiera el llegar a ser nombrado juez supremo es digno de mérito de la comunidad, pues los concursos públicos han demostrado ser utilizados por los organizadores, con el propósito de cubrir las necesidades de los grupos de poder infiltrados en las instituciones.


Esto es una afrenta a la dedicación de los jueces y fiscales honestos y diligentes; son más conocidos los casos de quienes falsearon documentos para ganar puntaje, que plagiaron sus tesis de grado, o que fueron injustamente promovidos por poderes ocultos, supeditándose a intereses subalternos, obedeciendo como militantes disciplinados las órdenes de personas ajenas a la administración de justicia.


Restructurar el sistema es ineludible, obligatorio y exigente, pero el cambio no vendrá del interior del sistema. Necesitamos una transformación completa de nuestros procesos que parta de la redefinición del objetivo. El proceso debe alcanzar la certeza jurídica o llegar a la verdad fáctica (del caso), enfocándose siempre en la realidad verificada y validada dentro del marco de un procedimiento legal para fundamentar una decisión judicial en el menor tiempo posible para generar seguridad y predictibilidad, así como brindar la señal de que es muy difícil obtener impunidad. Para eso, los procedimientos deben simplificar, orientándose a la ejemplar represión del delito o, con el propósito de sentar un precedente a través del escarmiento. en especial los violentos calificados por la actitud y no por el valor de los posicionamientos. En esa línea, debe delimitarse con claridad el garantismo, conjurando definitivamente las posturas radicales de fiscales y jueces que liberan a peligrosos criminales por detalles procedimentales, muchas veces por culpa del adoctrinamiento de ONG que, siendo patrocinantes de procesados por delitos violentos, son también capacitadoras y benefactoras de los mismos operadores que decidirán sus casos.


Fomentemos así la idea de imitar lo poco que ha dado resultado positivo en el Estado, impulsando carreras profesionales de renombre, componente esencial para que sus actores valoren el cargo que ocupan y se resistan a las inevitables tentaciones. Una academia o escuela donde se formen jóvenes titulados para ser jueces y fiscales, egresando por promociones anuales, y luego escojan por orden de mérito su plaza, recrearía en el sector Justicia lo positivo de la Academia Diplomática, debiendo sumarse a ello la autonomía e independencia que garanticen una carrera profesional libre de influencias externas, mediante la incorporación al pleno de la Junta Nacional de Justicia JNJ, de 6 miembros elegidos en votación universal y secreta por todos los jueces y fiscales titulares del país, completándose con un representante del Ministerio de Justicia, uno de la Cámara de Diputados y otro del Senado, para llegar al número total de 9 miembros. Ojalá se materialice una verdadera reforma de la administración de justicia.