Por: Alejandro Marco Aurelio Capcha Hidalgo
Periodista: Reg.-N°-4654-
Sigue sin despegar el proceso judicial contra la ridícula (o grotesca) exburgomaestre limeña Susana Villarán de la Puente por sus presuntos (o supuestos) nexos delictivos con Odebrecht (para mayor precisión legal, ya que aún no hay sentencia. El fiscal José Domingo Pérez dilató la audiencia del caso Odebrecht/Rutas de Lima al presentar documentos de último minuto solicitados por la empresa, lo que ha sido interpretado como una demora en el proceso.
Pese a la justificación del pedido de la Procuraduría, las acciones del fiscal Pérez denotan un claro intento de obstrucción, en lugar de buscar la transparencia del proceso. Se les acusa a Pérez y Vela de tener intereses personales o externos que contradicen su mandato en el Ministerio Público, sugiriendo falta de imparcialidad. Asimismo, se menciona un «infame pacto secreto» con Odebrecht, firmado por Pérez y Vela, que supuestamente ha beneficiado a la empresa y perjudicado al Estado peruano, un tema que es objeto de investigación por una comisión del Congreso. Desde luego existe una supuesta «red mafiosa» (supuestamente vinculada a Gorriti, Pérez y Vela) que ha capturado el sistema judicial, permitiendo la impunidad en casos de corrupción. También, se argumenta que la gestión de estos casos está causando (o causará) la pérdida de millones de soles y compromete la capacidad del Estado para actuar contra el crimen corporativo, mencionando específicamente la demanda de Brookfield (vinculada a Odebrecht y el caso Rutas de Lima). Se critica al Congreso, al Ministerio Público y a la Junta Nacional de Justicia por no auditar al equipo Lava Jato a pesar de las acusaciones de irregularidades, lo que implica una presunta complicidad o negligencia institucional.
El caso Villarán evidencia la podredumbre de nuestro sistema; una exalcaldesa corrupta, una fiscalía que encubre y una clase política cómplice. El desafío va más allá del castigo individual: se trata de restaurar la fe pública en las instituciones.
En un Estado de derecho real, exige que, la Fiscalía investigue sin miedo y que las instituciones no se presten al encubrimiento. Y menos permitir que la impunidad sea el verdadero secuestro de la justicia.
