En un nuevo revés judicial para el gobierno de Donald Trump, tribunales federales de Estados Unidos han ordenado el retorno inmediato de dos migrantes salvadoreños que fueron deportados en violación de órdenes judiciales que prohibían su expulsión.
Los casos, considerados por defensores como emblemáticos de una política migratoria cada vez más agresiva, reavivan las críticas a las prácticas migratorias que desoyen el debido proceso judicial.
El primero de los casos involucra a Jordin Melgar-Salmerón, exresidente de Virginia, quien fue enviado a El Salvador en mayo, apenas media hora después de que una corte del Segundo Circuito en Nueva York ordenara suspender su deportación para evaluar una solicitud de asilo basada en temor a tortura. La corte ha exigido que el gobierno estadounidense facilite su retorno inmediato y tramite su solicitud como si nunca hubiera sido expulsado.
Funcionarios del Departamento de Justicia admitieron que la deportación se realizó a pesar de la orden judicial, atribuyéndole a una “confluencia de errores administrativos”. No obstante, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) contradijo esa versión, asegurando que Melgar-Salmerón tenía presuntos vínculos con la pandilla MS-13. Su abogado, Matthew Borowski, denunció que el gobierno intenta desacreditar a su cliente sin pruebas concluyentes.
El segundo caso corresponde a Kilmar Armando Abrego García, deportado por error a El Salvador en marzo, a pesar de que desde 2019 contaba con un estatus legal que lo protegía de la expulsión. La jueza federal Paula Xinis, de Maryland, ordenó su repatriación antes de la medianoche del próximo lunes y calificó la deportación como carente de “base legal”. Según los expedientes, Abrego fue enviado a una prisión salvadoreña sin acceso a garantías procesales.
El Departamento de Justicia alegó que no contaba con mecanismos eficaces para revertir la deportación. Sin embargo, la jueza rechazó esa explicación y criticó la falta de pruebas sobre los supuestos vínculos de Abrego con organizaciones criminales. Durante la audiencia, cuestionó abiertamente que el gobierno invocará cargos sin sustento legal en un tribunal federal.
Ambos casos han desatado duras críticas por parte de organizaciones de derechos humanos y abogados migratorios, quienes denuncian el uso de herramientas legales excepcionales, como una ley de tiempos de guerra del siglo XVIII para acelerar deportaciones sin respetar las protecciones judiciales básicas.
“Estos casos evidencian una práctica sistemática de ignorar órdenes judiciales en favor de una política de deportación acelerada”, advirtió Simon Sandoval-Moshenberg, abogado de Abrego García. El letrado confía en que estos fallos sienten un precedente en defensa del debido proceso y de otros migrantes deportados en condiciones similares.
Las decisiones judiciales representan un desafío directo a las estrategias migratorias de la administración Trump, que ha intensificado los operativos de expulsión bajo nuevas justificaciones legales. Mientras tanto, las familias de los migrantes esperan que el regreso de sus seres queridos se concrete dentro del plazo establecido, confiando en que el proceso no enfrente nuevos obstáculos administrativos.
