La expresidenta Dina Boluarte Zegarra, destituida por incapacidad moral el pasado 13 de noviembre, inició apenas diez días después el trámite para obtener una pensión vitalicia de S/35.000 y un paquete completo de beneficios logísticos. Según un reportaje de Cuarto Poder, Boluarte envió una carta firmada al presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, solicitando el pago inmediato de la pensión establecida en la Ley N° 26519, que regula los beneficios de los exjefes de Estado.
En el oficio, además de la pensión, pidió la aplicación del Acuerdo de Mesa Directiva N° 78-2016, que otorga un vehículo oficial de por vida, 150 galones de gasolina mensuales (equivalentes a entre S/2.200 y S/2.500), personal de seguridad del Estado, un asesor y la contratación de un trabajador CAS elegido por ella, con un sueldo de S/3.700. “Esa platita sale de la planilla del Congreso. Ella va a ser, dicho en términos coloquiales, una jubilada del Parlamento”, explicó el especialista en gestión pública Martín Cabrera, quien precisó que no existe restricción para el cobro mientras no haya una acusación constitucional aprobada.
El pedido se da en medio de cuestionamientos por el incremento salarial que Boluarte consiguió tres meses antes de dejar el cargo, pasando de S/15.600 a S/35.568 mensuales, lo que impactaría directamente en el monto de la pensión. Aunque la ley fija topes, el Congreso tendrá la decisión final. “No le corresponde 35 mil soles. El Parlamento tiene la pelota en la cancha para reevaluar cómo se deben manejar los beneficios de los exjefes de Estado”, añadió Cabrera.
No es el único reclamo económico de la exmandataria. Boluarte exigió al RENIEC gratificaciones y bonos sindicales por S/428.905, pese a no pertenecer al sindicato; un fallo judicial determinó que solo le correspondían S/239.000. Además, su defensa legal en procesos fiscales continúa siendo financiada con recursos públicos.
A sus 63 años, y en medio de investigaciones por las muertes en Puno y el caso de las cirugías estéticas, Boluarte asegura estar tranquila con su conciencia. “Me voy en paz y que viva el Perú”, declaró tras dejar el cargo. Sin embargo, su salida estuvo marcada por denuncias, cuestionamientos y una desaprobación histórica. Hoy espera que el Congreso defina si recibirá una pensión vitalicia que podría bordear los S/35.000, junto con privilegios financiados por el Estado.
