TRAS LAS REJAS: Ollanta Humala y Nadine Heredia sentenciados a 15 años de prisión por lavado de activos

El Poder Judicial concluye que ambos lideraron una estructura ilícita para financiar ilegalmente sus campañas de 2006 y 2011 con contratos ficticios y dinero de origen extranjero.


El expresidente de la República Ollanta Humala Tasso y su esposa, la ex primera dama Nadine Heredia Alarcón, fueron sentenciados a quince años de prisión efectiva por el delito de lavado de activos. La decisión fue emitida este martes por el Poder Judicial, luego de un extenso proceso que investigó el financiamiento irregular de las campañas presidenciales de 2006 y 2011.

Durante la lectura de sentencia, el tribunal detalló cómo ambos líderes habrían articulado una estructura ilícita para captar dinero de origen desconocido y extranjero, camuflándolo mediante contratos ficticios, empresas pantalla y aportantes falsos. Uno de los casos más representativos señalados por la justicia fue el de la empresa arequipeña Apoyo Total, con la que Nadine Heredia firmó un contrato de asesoramiento en comunicación organizacional durante la campaña de 2006.

Sin embargo, el tribunal concluyó que dicho contrato fue ficticio. El dinero provenía del entorno cercano a Heredia, específicamente del señor Hilian Heredia, tesorero de la alianza UPP en ese periodo. A través del señor Paredes, el dinero era entregado a la empresa Apoyo Total, que lo registraba contablemente y lo devolvía a Nadine Heredia como pago por servicios que no se comprobaron.

Varios testigos declararon que el proceso era sistemático y que incluía depósitos y emisión de recibos por honorarios, aunque los informes entregados por Heredia eran escasos y no justificaban los montos recibidos. El empresario Belaúnde Guzmán reconoció haber pactado el contrato, pero afirmó que solo realizó cuatro pagos, mientras que Nadine Heredia declaró haber recibido doce. Además, el tribunal señaló que los fondos con los que se pagaron estos supuestos servicios provenían directamente del ámbito de Hilian Heredia, quien también habría entregado dinero a otras personas vinculadas a la campaña.

En el contexto de la campaña de 2011, se identificó a la empresa venezolana Caysamac como otro actor clave. Según los peritajes realizados por la Unidad de Financiamiento Nacional, esta compañía transfirió dinero desde Estados Unidos a la cuenta personal en el BCP de Nadine Heredia. La justicia concluyó que dichas transferencias no tenían un respaldo económico legítimo y que Caysamac fue utilizada como canal de financiamiento irregular. Esta empresa incluso enfrentaba, de manera paralela, procesos judiciales por cobros ejecutivos, lo que añadió más dudas sobre la legalidad de sus operaciones.

El Ministerio Público también denunció la existencia de numerosos aportantes falsos durante ambas campañas. En 2006 se habrían ingresado aproximadamente un millón y medio de soles mediante personas que no realizaron aportes reales, mientras que en 2011 esta cifra se elevó a más de cuatro millones doscientos mil soles. Las maniobras incluyeron contratos ficticios con empresas como Apoyo Total y Caysamac, así como con Dronaver, una empresa vinculada a una amiga de adolescencia de Nadine Heredia, la cual registraba utilidades anuales de apenas dos mil quinientos soles, lo que no guardaba relación con los montos manejados en su nombre.

Con estos elementos probatorios, el tribunal concluyó que tanto Ollanta Humala como Nadine Heredia fueron responsables de haber liderado un esquema de lavado de activos para ingresar dinero ilícito al sistema financiero, disfrazado como aportes de campaña o servicios inexistentes. Además de los quince años de cárcel efectiva, ambos fueron inhabilitados para ejercer cargos públicos y se ordenó el decomiso de bienes vinculados a los delitos cometidos.

Esta sentencia marca un hecho histórico en la política peruana, al convertirse en la primera condena efectiva contra un expresidente democrático por delitos relacionados con el financiamiento de campañas electorales. La defensa de los condenados ha anunciado que apelará el fallo, mientras tanto, el caso reafirma la necesidad urgente de una reforma profunda en los mecanismos de financiamiento político en el país.