El hallazgo del cuerpo de Licet Dayani Saldaña Bastidas, una joven colombiana reportada como desaparecida desde hace ocho años, ha conmocionado tanto a Colombia como al Perú. La víctima, que desapareció cuando apenas tenía 13 años en Algeciras, Huila, fue encontrada sin vida el pasado 10 de mayo en el kilómetro 201 de la Panamericana Norte, a la altura del distrito de Paramonga, provincia de Barranca.
La joven fue identificada por las autoridades peruanas gracias a un tatuaje con su nombre en la espalda. El cuerpo, hallado desnudo, con la cabeza rapada y con aparentes signos de violencia, plantea serias dudas sobre las circunstancias de su muerte. El caso está siendo investigado por las autoridades peruanas bajo la presunción de feminicidio. Licet tenía 21 años al momento de su fallecimiento y, según versiones preliminares, habría estado sola en Perú. El hecho de que se encontrara en un país distinto al de su desaparición inicial evidencia una posible situación de trata de personas, abuso y abandono institucional. Organizaciones de derechos humanos de ambos países han manifestado su preocupación por la reiterada ineficacia de los mecanismos estatales para prevenir la violencia de género transfronteriza.
La madre de la víctima, Clemencia Bastidas, se pronunció desde Colombia con profunda tristeza. “Yo nunca perdí la esperanza de volver a verla viva. Ahora solo pido ayuda para repatriar a mi hija y que se haga justicia”, declaró en medios locales. Actualmente, la familia no cuenta con los recursos económicos necesarios para trasladar los restos desde Perú. La Personería Municipal de Algeciras y otras autoridades locales han iniciado gestiones para brindar apoyo logístico y legal. Diversas entidades defensoras de los derechos de la mujer han señalado que este crimen refleja una preocupante realidad: la falta de articulación entre los países de la región para enfrentar con eficacia la desaparición de mujeres, muchas de ellas víctimas de redes delictivas que se aprovechan de su situación de vulnerabilidad.
El caso de Licet Saldaña no solo se convierte en una tragedia personal y familiar, sino también en un llamado de atención urgente para los gobiernos de América Latina. La necesidad de fortalecer los protocolos de búsqueda, garantizar una cooperación judicial efectiva y proteger a las mujeres migrantes de situaciones de riesgo extremo se vuelve imperativa.
Por ahora, la comunidad de Algeciras y organizaciones sociales colombianas han convocado vigilias y acciones de protesta para exigir justicia, verdad y reparación. En tanto, en Perú, el Ministerio Público ha abierto una investigación preliminar que podría derivar en una causa por homicidio calificado o feminicidio, según el avance de las diligencias.
