Karelim López Arredondo, empresaria y promotora de negocios, acaba de acogerse al procedimiento de colaboración eficaz, luego que la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos, a cargo de Luz Taquire Reinoso, hiciera una nueva investigación. Al ver su situación, decidió hablar. Esto confirmaría los trascendidos periodísticos de los últimos meses.
Según el diario La República, pudo constatar la existencia de una declaración de colaboración eficaz con la clave, N° 001-2022-2FISLAA, ofrecida a la Fiscalía, que fuentes oficiales atribuyen a López Arredondo. Esto fue constatado luego que la colaboradora firmara el documento y se retire de la Fiscalía; su declaración fue fotocopiada y distribuida dentro y fuera del Ministerio Público.
Según fuentes judiciales, el fiscal superior, coordinador de lavado de activos, Rafael Vela Barba, le atribuye una altísima credibilidad a la declaración de Karelim López.
Sin embargo, por el lado opuesto, el abogado de López, César Nakasaki, no contestó las llamadas que le hicieran los periodistas de La República, desde el día de ayer para poder verificar dicha informacion recibida y saber su opinión. Lo mismo ocurrió con las fuentes del Ministerio Público quienes guardan silencio ante estos cuestionamientos.
Por otro lado, el aspirante a colaborador eficaz revela la existencia de una presunta organización criminal, que estaría encabezada por el presidente de la Republica, Pedro Castillo, que se habría infiltrado en Palacio de Gobierno, en varios ministerios y en el Congreso de la República.
De esta manera, el fin de esta organización, asegura, sería obtener dinero con las licitaciones de obras públicas, nombramientos en las direcciones de Salud a nivel nacional, los ascensos en los institutos armados y los reclamos tributarios ante la Sunat.
Según el colaborador, el dinero recaudado, sería utilizado para pagar las deudas que el presidente Castillo habría contraído en la campaña electoral. “Tengo que pagar a los empresarios que han financiado mi campaña”, le habría dicho el presidente.
El testigo afirma que la organización habría logrado obtener el apoyo legal y la protección del fiscal superior Omar Tello Rosales, coordinador de las fiscalías anticorrupción, y de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera; protegiéndolo y ante cualquier denuncia.
Entre los principales integrantes de la organización, figuran el colaborador de la casa del jirón Sarratea; Segundo Alejandro Sánchez Sánchez; los sobrinos del presidente, Fray Vásquez Castillo y Gian Castillo Gómez; el ex secretario general de la Presidencia Bruno Pacheco Castillo; el titular del MTC, Juan Francisco Silva Villegas; y por lo menos cinco congresistas de Acción Popular, a los que se les describe como ‘Los Niños’.
Esta declaración compromete al premier, Aníbal Torres, y al exministro de Defensa Walter Ayala, aunque no es claro si también están vinculados como integrantes de la presunta organización ilícita.
Esta agrupación ilícita, habría empezado a funcionar en la casa ubicada en el jirón Sarratea 179, en el distrito de Breña, y luego se habría trasladado a Palacio de Gobierno. Así, asegura que fue testigo presencial de reuniones, acuerdos ilícitos y discusiones que ocurrieron y siguen ocurriendo en la casa del jirón Sarratea y Palacio de Gobierno desde julio del 2021 hasta el momento actual.
Afirma, que participó en dos reuniones en la casa de Sarratea y que en una de ellas, Castillo ordenó y acordó con Segundo Sánchez y Bruno Pacheco “negociar” las licitaciones de obras públicas y arreglar las deudas tributarias con el distribuidor mayorista de equipos informáticos, el Grupo Deltrón.
En esas reuniones, el presidente Castillo les habría dicho que debía cumplir con las deudas que había contraído con diversos empresarios que financiaron su campaña electoral.
Sobre la campaña, en otra parte de la declaración, el colaborador dice que Bruno Pacheco le contó que el presidente había reconocido que Los Dinámicos del Centro aportaron dinero a su campaña. La lista de empresarios beneficiados es bastante amplia e incluye a traficantes de terrenos y de insumos químicos, que frecuentemente se desvían a la minería ilegal.
En cuanto al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, refiere que el ministro Juan Silva ha estructurado una red para arreglar las licitaciones de obras públicas en Provías Nacional, siguiendo con el modelo del Club de la Construcción,es decir, recibir un porcentaje del costo de las obras licitadas.
Con respecto al Minsa, señala que existe una red que cobra hasta 150.000 soles para nombrar a los directores regionales de Salud.
El colaborador también indica que, tras el hallazgo de los 20.000 dólares en su oficina, hubo una fuerte discusión entre Pacheco y el presidente Castillo. El presidente le pidió a Bruno Pacheco que renuncie, pero este se negó. Al final lo convenció ofreciéndole ser asesor externo y posteriormente recibir un contrato en el exterior.
Igualmente, el colaborador refiere haber participado en una reunión con un primo del fiscal Omar Tello, en un restaurante en Lince, cerca de la conocida cadena de comidas Siete Sopas. En esa reunión, el primo del fiscal les dijo que no se preocuparan porque había hablado con Omar Tello y que todo estaba “bajo control”.
Igualmente, cuenta que el 17 de diciembre el presidente Castillo les dijo que se iba a reunir con la Nº 1 de la Fiscalía, en referencia a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, y que todo se arreglaría. El 21 de diciembre, el presidente Castillo fue caminando desde Palacio de Gobierno a la sede de la Fiscalía de la Nación y fue recibido por la doctora Ávalos.
