Tercer aniversario de “Paz con Legalidad” en Colombia

Gobierno de presidente Duque propicia las condiciones para una Colombia unida por los principios de legalidad, justicia, y emprendimiento.

.

La Embajada de Colombia en Lima nos comparte el balance de los tres primeros años de implementación de la política ‘Paz con Legalidad’ impulsada por el presidente de la República, Iván Duque Márquez, en lo que constituye una de las experiencias recientes más ambiciosas en materia de construcción de paz.

La política de ‘Paz con Legalidad’ ha permitido una implementación fidedigna de los acuerdos de paz alcanzados en 2016, potenciada por nuevos desarrollos que ponen en relieve la visión de este Gobierno sobre cómo superar retos que ha tenido el país desde hace varios años. A lo largo de este trasegar, donde como nación se ha revalidado la certeza de que la paz se construye desde los territorios, el Gobierno del Presidente Iván Duque Márquez ha hecho de los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición la piedra angular de este proceso de transformación.

Las víctimas: eje de las acciones del Gobierno Duque

Las acciones de la política de Paz con Legalidad se materializan con voluntad política, planeación seria y a largo plazo y resultados y en el caso de las víctimas con un gran compromiso para que sean el eje de todas nuestras acciones. Por iniciativa del Gobierno y con apoyo del Congreso, la ley de Víctimas fue prorrogada hasta 2031, enfocada en que la reparación sea una realidad para quienes hayan sido despojados o hayan sido víctimas de la violencia. Coordinamos el trabajo de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y la Unidad de Restitución de Tierras, para fortalecer las acciones reparadoras.

Hay 9.153.078 personas en el Registro Único de Víctimas de las cuales 7.361.106 son sujeto de atención y/o reparación. Hemos otorgado 310.015 indemnizaciones individuales (administrativas y judiciales) con una inversión superior a $2.61 billones de pesos (USD 687 M) y 91.712 víctimas accedieron a la medida de rehabilitación psicosocial, con una inversión superior a los $13.649 millones de pesos (USD 3,6 M)

Se han reparado 27 sujetos colectivos de los 30 que se han reparado históricamente, con una inversión cercana a los $21.080 millones. (USD 5,46 M.), de igual forma hemos ejecutado 1.123 acciones reparadoras fueron implementadas en cumplimiento de los Planes Integrales de Reparación Colectiva (PIRC).

39 sujetos colectivos étnicos fueron indemnizados en el marco del proceso de reparación colectiva, con una inversión cercana a los $10.502 millones (USD 2,8 M). Con el apoyo de todas las entidades de gobierno 1’078.493 víctimas han superado su situación de vulnerabilidad, lo que representa al 42% de las víctimas que ha logrado superar esta situación.

Restitución de tierras (Corte de información: julio 31, 2021). En este Gobierno se han restituido más de 139 mil hectáreas (50.205 hectáreas en ruta campesina y 89.284 hectáreas en comunidades étnicas) que benefician a 24.950 víctimas tanto ruta campesina como comunidades étnicas, como se ha presentado el 51 % de demandas de restitución para campesinos y el 74 % de demandas a favor de comunidades étnicas,  esto en comparación con las presentadas en los 10 años de la Ley.

Muchas víctimas también perdieron su tierra por causa de la violencia, esa tarea titánica de  devolver la tierra a sus legítimos dueños empezó hace 10 años pero en este Gobierno los resultados han sido históricos. A través de 2.054 sentencias, se han restituido más de 139.000 hectáreas de tierra que han beneficiado a más de 24.950 personas, campesinos y comunidades  étnicas del país. En ese proceso de reparación las mujeres han sido protagonistas, más del 51 % de las sentencias han sido a su favor, superando las barreras de acceso a la tierra.

Se han presentado 7.820 demandas para reclamar tierras de campesinos y comunidades étnicas. El 74 % de las demandas de este último grupo se presentó en este gobierno. De hecho, durante la pandemia se implementó la Demanda Electrónica, un servicio para agilizar y hacer más fácil la  presentación de estas demandas ante la justicia.

De poco sirve tener la tierra de vuelta si no se tienen los medios con los cuales trabajarla. Por eso cada sentencia llega con la implementación de un proyecto productivo y en estos tres años de gobierno han sido de 1.882 proyectos, los cuales benefician a igual número de familias con una inversión de más de $62.000 millones.

A través de la estrategia de Agricultura por Contrato, del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2.107 Productores han sido beneficiados bajo la estrategia de agricultura por contrato.

Reincorporación: el proceso colombiano es el más garantista

Desde el primer día de gobierno, ha sido manifiesto el compromiso con las personas que decidieron transitar hacia la legalidad, en el marco del proceso de reincorporación. Hemos construido un dialogo en los territorios, y el Presidente ha recorrido los antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación (AETCR) en 5 oportunidades. Igualmente se reunió en la Casa de Nariño con excombatientes para reafirmar la construcción de una Paz con Legalidad a partir de los hechos.

Se incorporaron en el Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, transformaciones profundas al proceso de reincorporación, con el objetivo de acompañar por todo el tiempo que sea necesario a esta población, con todas las garantías que les permitan avanzar

en sus proyectos productivos, vivienda, acceso a la tierra, salud, educación, entre otras, atendiendo sus necesidades a partir de una hoja de ruta integral y sostenible. Una de las primeras acciones de la política de Paz con Legalidad fue realizar un censo con 12.388 personas en proceso de reincorporación, identificamos sus necesidades, expectativas, intereses y habilidades. Resaltamos que: el 95 % de ellos manifestaron su interés de participar en proyectos productivos (51 % de carácter individual), el 77,3% manifestó sentirse optimistas frente a su futuro dentro de este proceso. Resultado de esto, fue la construcción de una planificación robusta que nos permite focalizar acciones, responsables, recursos y tiempos para su implementación.

Los resultados son tangibles, demostrando así el compromiso del Gobierno con las personas en proceso de reincorporación, beneficios que llegan a todos sin distinción de su lugar de ubicación, en más de 580 municipios donde avanza la paz con legalidad. A la fecha, el 95 % de la población está bancarizada, el 99 % está afiliada en salud, más de 13 mil personas han recibido más de $430.776 millones (USD 111,3 millones) en garantías económicas, se han aprobado 3.063 proyectos productivos, que benefician a 6.995 personas, por un valor de $68.553 millones (USD 18 M), más de 1.300 hectáreas habilitadas para el desarrollo de proyectos productivos y de vivienda; para este 2021, se han comprometido más de $24.000 millones (USD 6,3 M) para la construcción de 296 viviendas en los AETCR. Muchos de estos avances trascienden los límites de lo pactado, haciendo trizas la demagogia y hablando desde los hechos.

Los PDET: Ejemplo de administración pública y gran herramienta de transformación rural

Desde el nivel nacional y mediante el Plan Nacional de Desarrollo se focalizaron los recursos del OCAD paz, Obras por Impuestos, y el Trazador Presupuestal Construcción de paz del Presupuesto General de la Nación en los 170 municipios. A este esfuerzo, se suma la voluntad de los gobiernos locales mediante la firma de 170 acuerdos municipales, 18 ordenanzas departamentales, y la inclusión de más de 12.000 iniciativas en los Planes de Desarrollo Territorial a través de los cuales se adopta el PDET como política pública de largo plazo.

En los meses de gestión de este gobierno, se han invertido $8,35 billones de pesos en los municipios PDET: una inversión que representa cerca del doble de los recursos propios de estos municipios en los últimos dos años: $ 3.8 billones en 368 proyectos de OCAD Paz; $2,69 billones del Trazador Construcción de Paz – PDET a través de 84 proyectos; $613.253 millones de Obras por Impuestos a través de 77 proyectos que benefician a municipios PDET; $840.327 millones en proyectos PDET- ART; y finalmente la cooperación internacional le ha apostado al cierre de brechas a través de $385.630 millones con 13 proyectos para la implementación de los PDET.

Garantizar el desarrollo rural de los municipios más afectados por la violencia y la pobreza requiere un esfuerzo decidido por fortalecer las capacidades en la administración pública. Para ello y gracias al apoyo de Función Pública, 161 municipios cuentan con instancias de Gerencia de Proyectos para el PDET (Oficinas PDET), las cuales, gestionan activamente la implementación y ejecución de estos programas de manera articulada entre la nación y el territorio.

Sustitución de cultivos ilícitos: Paso a la legalidad

El programa de sustitución voluntaria que recibió este gobierno tuvo que ser estructurado, planeado, organizado y financiado para cumplirles a 99.097 familias, unos 400 mil colombianos. Esta estrategia fue incluida en las tres políticas de gobierno: Ruta Futuro, la política de Estabilización: Paz con legalidad y la de Seguridad Nacional para la lucha contra las drogas. El programa de sustitución se implementa desde la Agencia de Renovación del Territorio; así, se han invertido $1,2 billones y se han sustituido 17.967 hectáreas de cultivos ilícitos en el gobierno del presidente Duque.

75.930 familias que le apostaron a la Paz con Legalidad y sustituyeron han recibido pagos para Asistencia Alimentaria, 71.092 están recibiendo servicio de Asistencia Técnica y 65.830 familias han recibido insumos y herramientas para sus proyectos productivos de huertas caseras. Este gobierno construyó los documentos PISDA de los 48 municipios PNIS – PDET gracias a las 812 iniciativas PDET marcadas con etiqueta “sustitución de cultivos ilícitos” y para los municipios PNIS – NO PDET se construyeron de forma participativa los ocho documentos PISDA. Actualmente se implementa la estrategia nación-territorio, que vincula actores del orden nacional, regional y local con el propósito de activar cada una de las iniciativas de desarrollo.

El gobierno avanza con otros programas como “Formalizar para Sustituir” para entregar la tierra a las familias que han sustituido, Contratos por Servicios Ambientales para estabilizar la frontera agrícola y proteger el medio ambiente, y creó la estrategia colaborativa “Hecho a la Medida” que busca generar nuevas opciones para la sustitución voluntaria.

Enfoque de Género

Las mujeres han sido la clave de la implementación. Se han creado las instancias y mecanismos necesarios para la transversalización del enfoque; se puso en vigencia la Alta Instancia de Género de Gobierno y se establecieron marcadores presupuestales de paz y género en el Plan Nacional de Desarrollo. Se puso en funcionamiento desde el 2019 la Mesa Técnica de Género del Consejo Nacional de Reincorporación y se financió a través de recursos del Fondo Multidonante la Instancia Especial de Mujeres para el Género en la Paz con un proyecto de 500.000 USD. Se ha realizado

una planeación detallada para cada uno de los 51 compromisos del capítulo de mujer y género, definiendo metas volantes para el 2021 y proyección futura. 9 de los 51 compromisos se encuentran finalizados.

Como fortalecimiento al ejercicio participativo de las mujeres, para la planeación de los PDET participaron más de 65.000 mujeres, representando el 32,5% de los asistentes. Como resultado de esta participación se incluyeron 4.606 iniciativas de mujer rural y género.

Se destaca la creación de la Línea Especial de Crédito para la compra de tierras para mujeres y las más de 687.836 mujeres beneficiadas con la línea de crédito blando para servicios agropecuarios, así como las 358 mil hectáreas entregadas y formalizadas a más de 23 mil mujeres, lo cual ha permitido el empoderamiento de las mujeres y cierre de brechas en la ruralidad. Mas de un millón de mujeres se han beneficiado por las acciones relacionadas al desarrollo rural integral.

Enfoque Étnico

Como señal inequívoca del compromiso con la garantía de los derechos de las víctimas de la violencia y la población indígena, afro y Rrom, este gobierno prorrogó los Decretos de Ley étnicos que protegen a los pueblos y comunidades étnicas hasta el 2031. De igual manera de puso en funcionamiento la Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos (IEANPE), financiando el plan de trabajo aprobado por la CSIVI a través del Fondo Multidonante por un monto de US 490.000, y se creó la coordinación de Mujer, Género, Víctimas y Etnias dentro de la Consejería Presidencial para la Estabilización y Consolidación para garantizar la transversalización del enfoque étnico en la implementación de los 97 compromisos étnicos y el diseño de planeaciones estructuradas y a largo plazo para cada uno de ellos.

Como resultado de lo anterior, 10 compromisos ya se encuentran finalizados y los restantes en progreso. En reconocimiento de la importancia de la participación de los pueblos y comunidades étnicas se ha avanzado en la concertación de 150 acciones, y se consolidaron 14 Mecanismos Especiales de Consulta en subregiones PDET con el objetivo de garantizar la participación de las comunidades étnicas en el diseño, formulación y ejecución del Plan de Acción para la Transformación Territorial. Se creó la Comisión Nacional de mujer Indígena, se reglamentó la clarificación de títulos de origen colonial y/o republicano. 3957 hectáreas de cultivos de usos ilícitos han sido erradicadas voluntariamente en territorios étnicos. En Material de Desarrollo Rural se han culminado 75 procedimientos, beneficiando a más de 10 mil familias, con un área formalizada de más de 490 mil hectáreas.

Los avances en Desarrollo Rural Integral

El gobierno Duque incluyó en su Plan de Desarrollo la decisión de adelantar las acciones para la transformación del campo y para cumplir con lo pactado. Así, la comercialización de productos agropecuarios, los seguros de cosecha, la vivienda rural, las líneas de crédito y subsidios, apoyo a los productores, acceso y formalización de tierras, vías terciarias, energía, agua y saneamiento, educación, salud, entre otros, hacen parte de la agenda del presidente, todo ellos con medidas afirmativas para las mujeres y las comunidades étnicas. Además, el gobierno del presidente Duque adoptó el Plan Marco de Implementación como la guía para la implementación y la Consejería de Estabilización se encarga de planear con las entidades su cumplimiento.

Planeación

Para asegurar el cumplimiento de los compromisos del Plan de Desarrollo y el Plan Marco de Implementación, la Consejería promueve y alienta la elaboración de planes de trabajo con las entidades que tienen indicadores y compromisos y hace un seguimiento estricto al cumplimiento de dichos planes. El sector agricultura y desarrollo rural tiene a cargo 65 indicadores, que se agrupan en las siguientes temáticas: i) acceso y formalización de tierras; ii) adecuación de tierras; iii) vivienda rural; y iv) reactivación económica (comercialización, extensión agropecuaria y financiamiento). En 2019 se inició un proceso de revisión de los indicadores del PMI a cargo del

sector, conforme a las metas establecidas en el PND 2018-2022, la política sectorial “Un Campo para la Equidad” y los proyectos de inversión aprobados.

Además, el gobierno Duque impulsó la formulación de los Planes Nacionales Sectoriales que son políticas de largo plazo, y plantean la construcción de planes de trabajo enfocados en mejorar condiciones específicas en el campo. La implementación de estos planes está a cargo de 10 sectores del gobierno. A la fecha se cuenta con 10 planes nacionales sectoriales adoptados, 4 planes con cierre técnico y 2 planes en proceso de formulación por parte de los sectores.

Factores productivos

En el actual gobierno se han ingresado 1.157.534 hectáreas al Fondo de Tierras de la Nación que corresponde a un aporte del 84% sobre el avance total de hectáreas ingresadas al Fondo. Asimismo, la Agencia Nacional de Tierras ha avanzado en la formalización de 654.173 hectáreas a través de 24.842 títulos expedidos y registrados en beneficio de 36.027 familias entre étnicas y campesinas. Desde agosto de 2018, la Agencia de Desarrollo Rural ha cofinanciado 93 proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural con una inversión de $129.281 millones beneficiando a 10.431 productores; de esos proyectos 32 se han implementado en 43 municipios PDET con una inversión de $35.33 millones, beneficiando a 2.934 productores.

Infraestructura

En la zona rural se beneficiaron a 275.531 nuevas personas con soluciones tecnológicas apropiadas de acceso a agua y a 225.219 nuevas personas con soluciones tecnológicas de acceso a saneamiento. También se adoptó el Plan Nacional de Electrificación Rural el cual ha beneficiado a un total de 54.281 nuevos usuarios en las zonas no interconectadas del país. El 98,8 % de las

1.122 cabeceras municipales en el país tiene acceso a internet. Adicionalmente se han entregado, en las regiones PDET, 1.325 obras de infraestructura social y comunitaria, infraestructura vial, servicios públicos y reconciliación y 188 están en ejecución.

Se formuló y adoptó el Plan Nacional de Vías para la Integración Regional y el Gobierno nacional ha mejorado y mantenido 3.244,8 kilómetros priorizados, con lo cual completa un avance del 19,8% de la meta cuatrienio de 16.355 kilómetros; en municipios PDET se han mejorado y mantenido 1.041,2 kilómetros.

Política Social

Se han entregado 12.330 soluciones de vivienda, a lo largo del territorio nacional y se otorgaron subsidios de vivienda por un valor de $406.114 millones. El Ministerio de Salud y Protección Social realizó transferencias por $ 37.287 millones a los hospitales de 35 municipios priorizados por el Plan Nacional de Salud Rural. Además, se inició la entrega de los incentivos del segundo pago de los ciclos ordinarios de Familias en Acción y Jóvenes en Acción los cuales beneficiaron a 676.389 familias y a 199.516 jóvenes.

De igual forma, se garantizó la exención del 100% del pago de derecho académicos y servicios complementarios a estudiantes atendidos en 7.004 establecimientos educativos oficiales en zonas rurales del país con una matrícula oficial rural de 2.026.433 estudiantes. También, se garantizó la atención integral a la primera infancia a 500.350 niños y niñas ubicados en zonas rurales.

Política Ambiental

El Programa de Contratos de Conservación Natural se avanzó en la formalización de 111 acuerdos de conservación. Ello en el marco de Contratos de Conservación Natural y se entregarán 9.596 contratos de conservación natural en siete Zonas de Reserva Forestal. La Agencia para la Renovación del Territorio, a través de la Dirección de Sustitución, entregará los contratos de conservación natural a 4.103 familias del PNIS que ya hicieron la erradicación voluntaria de los cultivos ilícitos, otorgándoles el derecho al uso de la tierra.

Catastro Multipropósito (Con corte a enero de 2021.) El Gobierno del Presidente Duque modernizó e inició la implementación del Catastro Multipropósito, previsto en el Acuerdo. El país cuenta con el 15,39%, lo que equivale a 17,56 millones de hectáreas actualizadas catastralmente, de un 5% de actualización catastral del país en el 2018. Adicionalmente, se cuenta con 27 gestores catastrales habilitados para prestar el servicio público, incluyendo al IGAC como prestador por excepción y la ANT como gestor en los términos de la Ley 1955 de 2019, superando la meta del Plan Nacional de Desarrollo de 20 gestores habilitados. De igual forma, a través de cooperación internacional, se ha priorizado la financiación de 118 municipios para su actualización catastral, que representan en terreno 29,3 millones de hectáreas, aproximadamente.