Telefónica informó que ya no prestará más servicios tecnológicos a la Policía Nacional del Perú (PNP), como parte del cumplimiento de la sanción que le impide renovar contratos con entidades del Estado. El acuerdo entre ambas partes finalizó el pasado 5 de noviembre, y la empresa no pudo prorrogarlo debido a una inhabilitación temporal que afecta su capacidad para contratar con el sector público.
La sanción se originó a raíz de un proceso arbitral iniciado por Telefónica contra el gobierno peruano en octubre, lo cual limita las posibilidades de la compañía de participar en futuras licitaciones o proyectos del Estado. Desde julio, la PNP ya había tomado medidas para asegurar la continuidad de sus servicios tecnológicos, eligiendo a un nuevo proveedor que se encargará de las operaciones de comunicación y seguridad informática en las comisarías y unidades policiales.
En su comunicado, Telefónica aseguró que notificó con antelación a las autoridades sobre la finalización del contrato, con el fin de garantizar una transición fluida hacia el nuevo proveedor, que ya se encarga de los servicios esenciales para el funcionamiento de la institución.
En el contexto de su conflicto legal con el gobierno, Telefónica ha solicitado una indemnización superior a los 1.122 millones de euros, argumentando que las decisiones en su contra vulneran el Tratado Bilateral de Inversión entre España y Perú, y que le han causado perjuicios fiscales.
Telefónica afirma que estas acciones impactan negativamente sus inversiones y ha pedido una indemnización, al considerar que se han violado sus derechos como inversor extranjero.
