El Tribunal Constitucional (TC) declaró inadmisible la demanda competencial presentada por el Poder Ejecutivo contra el Ministerio Público y el Poder Judicial, la cual tenía como objetivo establecer las condiciones bajo las cuales un jefe de Estado puede ser acusado.
La demanda, presentada el 25 de julio de 2024, argumentaba un «menoscabo en sentido estricto del adecuado ejercicio de las competencias y funciones de la presidenta de la República».
No obstante, el TC determina que, aunque el Consejo de Ministros aprobó la interposición de la demanda, esta no contaba con una «autorización expresa de la titular del Poder Ejecutivo para que el presidente del Consejo de Ministros interponga una demanda competencial». «En virtud de lo expuesto, corresponde declarar inadmisible la demanda», se lee en el auto de inadmisibilidad.
En respuesta, el Tribunal Constitucional dio un plazo de cinco días hábiles al Ejecutivo «para que subsane la omisión advertida, bajo apercibimiento de declarar la improcedencia de la demanda».
El 17 de mayo de 2024, el Consejo de Ministros acordó de manera unánime presentar una demanda competencial contra el Ministerio Público y el Poder Judicial, alegando un «menoscabo» en el ejercicio de las competencias y funciones de la Presidenta de la República. Esta demanda fue presentada oficialmente el 7 de agosto.
