Ricardo Sánchez Serra
Hay políticos y empresarios voraces que consideran que los que se oponen –entre ellos las Fuerzas Armadas y el ministro de Defensa- a la venta de terrenos dentro de los 50 kilómetros, mantienen a Tacna “anclada” en el siglo pasado.
En primer lugar, esas personas imprudentes desconocen que las FF. AA. son instituciones tutelares de la Patria y defienden la Constitución (antes la quebrantaban y ahora que la respetan les piden que la trasgredan), garantizando el cumplimiento de sus normas, que -entre otras- estipulan en su artículo 71 que “dentro de los cincuenta (50) kilómetros de las fronteras los extranjeros no pueden adquirir ni poseer, por título alguno, minas, tierras, bosques, aguas… directa ni indirectamente, individualmente ni en sociedad, bajo pena de perder, en beneficio del Estado, el derecho así adquirido”.
En segundo lugar, esos críticos ignoran que Chile tiene normas que prohíben la venta de terrenos a peruanos y bolivianos dentro de los 300 kilómetros de la frontera (Decreto con Fuerza de Ley Nº 4, de 1967). ¡300 kilómetros!
En consecuencia, no existe el principio de reciprocidad entre nuestros países y que debe ser una “conditio sine qua non” para invertir en ambos lados de la frontera.
Es menester recordar las palabras de nuestro gran héroe, Francisco Bolognesi poco antes de la batalla de Arica: “Unos y otros (refiriéndose a los políticos de su época) han dictado con su incapaz conducta, la sentencia que nos aplicará el enemigo”.
Esos lobistas fenicios también con su “incapaz conducta” desdeñan la historia y como dice Confucio: “un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla”.
Tampoco se recapacita sobre la “lección de Antofagasta”, en donde los chilenos explotaban las salitreras bolivianas y entre otras causales alegaron el “uti possidetis” y la política “del Norte Grande de Chile” para iniciar la Guerra del Pacífico y apoderarse de ellas, además de Tarapacá, Arica y Tacna.
Chile no quiso negociar con el Perú sobre los límites marítimos pendientes de definir, por lo que tuvo que ser llevado ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en donde perdió y, además, no reconoce la soberanía peruana sobre el Triángulo Terrestre, a pesar que firmó el Tratado de 1929. Su irresponsabilidad continúa porque Chile junto con el Perú tenía que depositar en la ONU los nuevos instrumentos de aceptación de la nueva frontera marítima y no lo ha hecho. Solo el Perú cumplió. ¿Se puede aceptar inversiones chilenas en una frontera que para ellos no está cerrada?
Los empresarios chilenos deben obligar a sus autoridades a que respeten los tratados y el fallo de La Haya. Que se selle definitivamente la frontera. Solo después de ello, sus lobistas peruanos recién podrán solicitar que se cambie el artículo 71 de la Constitución.
Es la realidad y no nos “anclarnos” en el pasado, nos estamos refiriendo a acontecimientos del siglo XXI
