Con mayoría de votos, la Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó un informe preliminar que plantea al Pleno del Parlamento considerar la suspensión temporal o la vacancia por incapacidad moral permanente de la presidenta Dina Boluarte, debido a un presunto abandono de sus funciones.
El documento recibió el respaldo de doce legisladores: Juan Burgos, Héctor Acuña, Pasión Dávila, Patricia Chirinos, Héctor Valer, Isaac Mita, Ariana Orué, Margot Palacios, Hilda Portero, Edgard Reymundo, Norma Yarrow y Carlos Zeballos. La única congresista que votó en contra fue Elizabeth Medina, del Bloque Magisterial.
El informe señala que es necesario evaluar si procede una suspensión temporal de la presidenta por una incapacidad declarada por el Congreso, hasta que se profundicen los hechos y se determinen posibles responsabilidades, todo ello respetando el debido proceso y la independencia de poderes.
Según el documento, Dina Boluarte se habría sometido a una intervención quirúrgica que la mantuvo alejada de sus funciones entre el 29 de junio y el 10 de julio de 2023.
El presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos, fue el encargado de presentar el informe, destacando la necesidad de analizar las posibles implicancias constitucionales, administrativas y políticas de la supuesta ausencia temporal de la mandataria a raíz de la cirugía.
Burgos afirmó que la omisión de la presidenta compromete la institucionalidad del país, al no informar sobre su condición médica. “El jefe de Estado debe actuar con transparencia y poner el interés nacional por delante. Su prolongada ausencia sin comunicación vulnera el orden constitucional. Al ocultar deliberadamente esta situación al Congreso y a la ciudadanía, habría incurrido en una infracción constitucional”, enfatizó.
Conclusiones del informe
El documento aprobado sostiene que «se ha comprobado de manera objetiva y con sustento que la presidenta de la República no comunicó al Congreso sobre una posible incapacidad temporal para ejercer sus funciones, producto de las intervenciones quirúrgicas a las que fue sometida». Además, subraya que dicha omisión reviste gravedad, ya que la Constitución establece procedimientos específicos para una eventual sucesión temporal del cargo presidencial en casos de impedimento.
En base a ello, el informe considera que la mandataria habría cometido una posible infracción constitucional, al incurrir en lo que sería un abandono injustificado del cargo, sin activar el mecanismo de reemplazo previsto en el artículo 115 de la Constitución.
Asimismo, se recomienda enviar una copia del informe a la Fiscalía de la Nación, a fin de que evalúe si corresponde iniciar diligencias preliminares contra la presidenta Dina Boluarte y otros presuntos implicados, por la posible comisión del delito de omisión de funciones, tipificado en el artículo 377 del Código Penal.
Finalmente, se reitera al titular del Congreso, Eduardo Salhuana, que someta a debate y votación en el Pleno la moción presentada por la Comisión de Fiscalización el pasado 31 de enero, mediante la cual se solicitaban facultades especiales para investigar a la jefa de Estado en el marco del denominado ‘caso Cirugías’.
