El miércoles 26 de junio, fuentes cercanas a La República revelaron que la solicitud del Ministerio Público para detener al coronel Harvey Colchado y allanar las oficinas de la DIVIAC ha sido descartada. La petición inicial fue presentada en coordinación con la Dirección Anticorrupción de la Policía Nacional del Perú, luego de declaraciones del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, que apuntaban a posibles irregularidades en el manejo del presupuesto destinado a combatir organizaciones criminales.
El coronel Harvey Colchado, suspendido de sus funciones, había solicitado recientemente permiso para hablar con la prensa, argumentando que ciertos medios estaban difamando su imagen tras las acusaciones del ministro Santiváñez. Según Epicentro TV, Colchado afirmó en su solicitud que necesitaba defender su reputación y derecho a la defensa frente a los cargos disciplinarios en su contra.
El martes 25 de junio, desde La Libertad, el ministro Santiváñez reiteró su preocupación por la eficacia de la Diviac, señalando que la unidad policial no había cumplido con las expectativas en términos de resultados operativos. Afirmó que la división podría haber utilizado sus recursos de manera indebida para operaciones sospechosas, sin alcanzar resultados significativos.
Santiváñez también destacó que su gestión no está en contra de la Diviac como unidad policial, pero criticó que haya sido utilizada selectivamente para investigaciones específicas, sin rendir cuentas claras sobre los 72 millones de soles asignados entre 2019 y 2024. Estas cifras han sido cuestionadas por la Contraloría General de la República, lo que ha aumentado la tensión en torno a la gestión y transparencia de la Diviac bajo la dirección del coronel Colchado.
En medio de estas controversias, la decisión de la Fiscalía de declarar infundada la solicitud de detención y allanamiento marca un punto crucial en el debate sobre la integridad y el desempeño de la Diviac, así como en las acusaciones contra el coronel Harvey Colchado. La situación continúa generando atención tanto en los medios como entre los observadores de la gestión pública y la transparencia institucional.
