Una creciente tensión laboral sacude a la Municipalidad Distrital de San Isidro, luego que serenos anunciaran la realización de un plantón pacífico este lunes a las 10:00 a.m. en el frontis de la sede municipal, ubicada en la Av. Augusto Tamayo 180.
La convocatoria ha sido organizada por un colectivo de trabajadores que afirman haber agotado todas las vías administrativas y legales posibles, sin obtener una respuesta efectiva por parte de la actual gestión municipal. De acuerdo con sus voceros, la situación refleja no solo una falta de voluntad política, sino un claro desacato a las resoluciones del Poder Judicial, lo que podría constituir un delito penal por parte de los funcionarios implicados.
Sentencias ignoradas y funcionarios denunciados
Los manifestantes señalan directamente a la alcaldesa de San Isidro, Nancy Vizurraga, y a la Gerente de Gestión de Personal, Edith Cuya Llajaruna, como responsables de incumplir lo ordenado por diversos juzgados, que en resoluciones firmes y consentidas han dispuesto reincorporar trabajadores despedidos. y el reconocimiento a fallos judiciales como derechos bajo los regímenes laborales del Decreto Legislativo 728 y el Decreto Legislativo 276. Además, establecen multas coercitivas por cada día de incumplimiento y otorgan plazos específicos que ya habrían vencido sin que se haya acatado lo ordenado.
Uno de los casos más representativos es el del señor Víctor Márquez, quien fue cesado de su cargo en 2022 y logró una sentencia judicial favorable el 15 de octubre de 2023. “Mi juicio terminó. El fallo fue notificado legalmente a la municipalidad, el juzgado ha venido en persona a notificar, y aun así, no me han reincorporado. Han pasado meses, han sido multados y les han dado hasta cinco días para cumplir, pero no ha pasado nada. Yo mismo he venido más de diez veces a solicitar cumplimiento, he presentado mis documentos con cargo, he conversado con funcionarios, pero sigo sin respuesta. Hasta hoy, sigo sin trabajo”, denunció Márquez.
Vocero de los trabajadores: “La ley está de nuestro lado”
En representación del grupo, el sereno motorizado Yerson Michael Pepper Infante manifestó que esta medida no es un acto de confrontación, sino una legítima defensa de derechos laborales amparados por la Constitución y el Poder Judicial. “No estamos pidiendo favores, estamos exigiendo que se cumpla lo que ya ha dicho el Poder Judicial. Hemos recibido correos con amenazas, de que si asistimos al plantón nos abrirán procesos administrativos o nos destituirán. Aun así, estamos aquí, de forma pacífica, ejerciendo un derecho ciudadano. La ley está de nuestro lado y no nos vamos a callar”, afirmó.
Además, el vocero remarcó que esta situación afecta a más de 400 serenos, algunos con años de servicio, cuyas reposiciones laborales han sido igualmente ordenada por sentencia judicial. Sin embargo, la alcaldesa Vizurraga no habría iniciado los procedimientos correspondientes ni cumplido los fallos, generando un perjuicio económico y emocional para decenas de familias.
Acusaciones de intenciones políticas y llamados a la fiscalía
Los trabajadores del serenazgo también cuestionaron lo que consideran una estrategia dilatoria con fines políticos por parte de la alcaldesa Vizurraga. “No vamos a esperar cuatro años a que esta gestión termine para que se nos reconozcan nuestros derechos. La alcaldesa tiene aspiraciones políticas para el próximo año. Pero antes de mirar otros cargos, debería cumplir con lo que manda la ley”, agregó Pepper Infante.
Asimismo, el colectivo ha advertido que presentarán denuncias penales ante la Fiscalía por presunto delito de desobediencia o resistencia a la autoridad. De acuerdo con la normativa vigente, el incumplimiento de una Resolución judicial puede implicar responsabilidades no solo administrativas, sino también civiles y penales para los funcionarios involucrados.
Llamado al respeto del Estado de Derecho
Los trabajadores recalcaron que no se trata de una protesta aislada, sino del inicio de una serie de medidas legales y sociales si no se atienden sus demandas. “Las sentencias del Poder Judicial no se discuten, se cumplen. No se trata de interpretación ni de conveniencia política. Todas las instituciones del Estado, incluyendo las municipalidades, están obligadas a ejecutar los fallos judiciales en forma inmediata, ninguna autoridad tiene corona”, sostuvieron en su pronunciamiento.
Con esta movilización, los trabajadores de la Municipalidad de San Isidro no solo buscan la restitución de sus derechos laborales, sino también defender la institucionalidad democrática y el principio de legalidad que debe regir toda administración pública. En ese sentido, hicieron un llamado a la ciudadanía, medios de comunicación y organismos de control, para que se fiscalicen estos hechos y se garantice el cumplimiento de la ley.
