Preocupados por el desgobierno, la crisis económica y alimentaria, y los claros indicios de corrupción, distintos gremios empresariales se pronunciaron, casi de forma simultánea, a favor de que se priorice la acusación constitucional presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides contra el presidente Pedro Castillo.
La denuncia se basa en la presunción de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión. El primero en pronunciarse fue IPAE Asociación Empresarial, que hizo un llamado al Legislativo.
No tardó en pronunciarse la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), que señaló que tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial “están cumpliendo con su labor”.
Asimismo, a través de un pronunciamiento suscrito por sus 22 gremios de la pequeña, mediana y gran empresa, instaron al Congreso a darle celeridad a las investigaciones.
“El Congreso tiene la responsabilidad de seguir los procedimientos que corresponden de manera rigurosa y ética, asegurando un debido proceso y permitiendo que podamos llegar a la verdad”, señaló la Confiep en Twitter.
Bajo este mismo marco, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) rechazó cualquier acto de corrupción y exigió que los involucrados colaboren con la justicia y que se brinden las garantías necesarias para que las autoridades puedan cumplir su labor.
Jhassira S.
