En octubre del 2013, Lima fue escogida como sede de los Juegos Panamericanos 2019 por la Organización Deportiva Panamericana (Odepa). A cambio de esa elección, nuestro país tenía que cumplir una serie de responsabilidades, donde se incluía el pago de USD 250 000 por el derecho de la obtención de la sede.
El pago del dinero se tramitó a través del Comité Olímpico Peruano (COP), que es la asociación privada que está encargada de representar a la Odepa en nuestro país. El trámite se dio ante el Instituto Peruano del Deporte (IPD). Se habría realizado un doble pago de la cantidad solicitada, según la investigación que se viene realizando.
“La anterior administración, que estuvo hasta junio del 2017, no rindió o rindió mal las cuentas del dinero que el IPD le había entregado y eso es materia de juicios tanto en la vía civil como en la vía penal, explicó Pedro del Rosario, actual presidente del COP.
Se ha identificado a un funcionario del IDP por donde la decisión de la segunda transferencia habría pasado. Según la fiscalía que está investigando el caso, Alfredo Akio Tamashiro, el entonces director de Deporte Afiliado del IDP, que trabajo bajo la gestión de Francisco Boza, es responsable de está decisión.
Mediante un comunicado, Lima 2019 mencionó que la institución no tiene responsabilidad de ningún pago hecho por los derechos de organización de los Panamericanos, el cual se dio el 21 de febrero del 2015.
D.D.P.
