El 19 noviembre del 2018 ofrecimos mediante la página web de la Federación de Periodistas del Perú una investigación sobre la usurpación del terreno denominado «El Pocito» ubicado en Chilca, extensión de terreno de propiedad de la familia Lescano, ahí incidimos en como los agresores de esa familia contaron desde un principio con el beneficio de dudosas actuaciones por parte de la Municipalidad de Chilca y de La Notaria Banda, entre otros, también nos referimos en ese trabajo a la heroica lucha de ellos por lograr que se les haga justicia.
Pues resulta que esa investigación no la cerramos, recientemente, y al contar con más indicios al respecto fuimos tras las relaciones políticas de quienes «adquirieron» esa propiedad, motivado ello en saber de dónde proviene el poder que evita hasta ahora que los Lescano no recuperen su propiedad, y que los involucrados en ese despojo hasta ahora no rindan cuentas ante la ley. Y lo que encontramos, es por demás increíble.
Moisés Ackerman Krikkler, gerente general de Inmobiliaria Carmona S.A.C. fue quien inscribió en Registros Públicos y luego vendió «El Pocito», recordemos ello pues será vital en esta historia. El fiscal José Domingo Pérez programó interrogar a por lo menos medio millar de testigos en relación al lavado de aportes para el financiamiento de la campaña de Keiko Fujimori en el 2011, y entre los requeridos por la fiscalía esta Ackerman. Volviendo a Chilca, en el proceso que se le sigue por esa acusación su defensa legal está a cargo del Estudio Loza Avalos Abogados, o sea, la misma abogada de Keiko Fujimori y de su esposo Mark Vito, es más, debemos señalar además que ese personaje tiene vínculos laborales con el estudio de Giuliana Loza, ello se puede comprobar fácilmente revisando su cuenta de LinkedIn.
Recordemos. Mark Vito Villanella, esposo de la candidata presidencial Keiko Fujimori compró, al contado, dos terrenos industriales por un valor de S/ 617 mil 329, ubicados en el Centro Industrial La Chutana, en Chilca. Esa adquisición de esos predios -cuya extensión conjunta alcanza los cinco mil metros cuadrados- se realizó el 17 de noviembre del 2015, según las partidas 21188597 y 21188598, almacenadas en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp). En la zona el metro cuadrado fluctúa entre los 100 y 150 dólares, por lo que los terrenos adquiridos debieron haber costado S/ 1 millón 720 mil, y no los S/ 617 mil que consignó en Registros Públicos. La Fiscalía cree que los fondos que utilizó Mark Vito Villanella para comprar esos terrenos serían de origen ilícito. En este tramo de la historia: ¿adivinan que estudio jurídico defiende los intereses de Vito Villanella? Pues el de Giuliana Loza, el mismo para el que trabaja Moisés Ackerman Krikkler, Gerente General de Inmobiliaria Carmona S.A.C. quien participo del despojo a los Lescano, lo pongo en modo fácil de entender: Loza defiende a los Fujimori y a Ackerman.
¿Será lo expuesto líneas arriba la explicación del porqué hasta ahora los lescano no hallan justicia a su justo reclamo? ¿Será esa la fortaleza que evita que Ackerman Krikkler rinda cuentas ante la justicia?
Gracias a Rafael Romero por referirse a mi trabajo en su valiosa columna periodística «Más Allá de la Noticia», publicada el último domingo en el diario Expreso.
José Briceño
