En el marco del 60º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, el ministro de Justicia del Perú, Juan José Santiváñez, defendió públicamente la polémica Ley de Amnistía promulgada por el gobierno de Dina Boluarte. En su intervención, afirmó que la norma fue aprobada como respuesta a “atentados terroristas que intentaron socavar la democracia y el Estado de derecho”, y que se enmarca en el principio de separación de poderes.
«Con referencia a la aprobación de la Ley de Amnistía, quisiera señalar que esta se ha llevado a cabo de conformidad con la separación de poderes y como respuesta a los atentados terroristas que han intentado socavar la democracia y el Estado de derecho, causando gran sufrimiento a nuestro pueblo”, declaró el ministro de Justicia ante el pleno.
@canalnoficial EnVivo Ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, en Suiza: La ley de amnistía se ha dado, según el principio de separación de poderes, y como respuesta al terrible ataque del terrorismo que pretendía quebrantar la democracia. El Perú seguirá evaluando su permanencia en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos
Sin embargo, el argumento presentado por Santiváñez no coincide con el que se utilizó en el Congreso cuando se aprobó la Ley 32419. En ese espacio, los promotores de la norma señalaron que la medida era necesaria debido al estancamiento de los procesos judiciales relacionados con casos de violencia política ocurridos entre 1980 y 2000. Esta contradicción ha sido señalada por especialistas y organizaciones intergurnamentales como una estrategia para justificar la impunidad.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, respondió directamente a la intervención del ministro peruano y calificó la ley como “un retroceso para la justicia y para la verdad”. Además, advirtió que este tipo de normas no contribuyen a cerrar heridas, sino que “aumentan la tensión y la violencia en la sociedad”, poniendo en riesgo a las víctimas y debilitando los estándares internacionales de derechos humanos.
En paralelo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una resolución en la que ordena al Estado peruano abstenerse de aplicar la Ley de Amnistía a militares, policías y funcionarios involucrados en el conflicto armado interno. Según el tribunal, la aplicación de esta norma vulneraría el derecho de las víctimas a la justicia, la verdad y la reparación, principios ya establecidos en sentencias previas.
A pesar de estas advertencias, el Ejecutivo ha mantenido su defensa de la ley, apelando a una narrativa que mezcla el combate al terrorismo con la necesidad de destrabar procesos judiciales. Esta postura ha sido criticada por organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, que consideran que el Perú está incumpliendo sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
Cabe señalar que, mientras Santiváñez participaba en las sesiones en Suiza, la Fiscalía peruana confirmó la autenticidad de un audio que lo vincula con presuntas irregularidades en su gestión. El hecho ha generado aún más cuestionamientos sobre la legitimidad de su representación ante organismos internacionales.
