El pasado 2 de mayo, un grave incidente tuvo lugar en una prisión del estado de Virginia, cuando al menos cinco miembros de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13) atacaron a oficiales penitenciarios, dejando como resultado tres agentes apuñalados y dos más con lesiones menores. Según el Departamento Correccional de Virginia, citado por Fox News, los cinco oficiales afectados fueron trasladados a centros médicos fuera del penal; los dos con heridas leves ya han sido dados de alta, mientras que los tres apuñalados permanecen hospitalizados, aunque su estado es estable.
Los atacantes forman parte de un grupo de reclusos condenados por delitos graves como violación, narcotráfico, extorsión, secuestro y asesinatos agravados, lo que revela la peligrosidad del perfil de estos internos y plantea serias dudas sobre la seguridad dentro del sistema penitenciario. El director del Departamento Correccional, Chad Dotson, criticó duramente que estos individuos se encuentren en suelo estadounidense, afirmando que «nunca debieron estar aquí» y señalando que la única solución viable es su deportación a El Salvador, específicamente al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una megacárcel construida para aislar a los pandilleros más peligrosos como parte de la estrategia del gobierno salvadoreño contra el crimen organizado.
Este ataque no solo evidencia la capacidad operativa que aún conservan estas organizaciones criminales dentro de las prisiones, sino que también reabre el debate sobre la efectividad de los mecanismos de control migratorio y penitenciario en Estados Unidos. Funcionarios del ICE han manifestado preocupación por la presencia de la MS-13 en el sistema carcelario del país, alertando sobre las implicancias en la seguridad pública. Como respuesta, durante la administración de Donald Trump se propuso la deportación masiva de hasta 500 pandilleros hacia El Salvador, en un intento por reducir el riesgo interno que estas estructuras representan.
Mientras las investigaciones del ICE y las autoridades estatales de Virginia continúan, el caso ha generado un llamado de atención urgente sobre la necesidad de reforzar los protocolos de seguridad penitenciaria, revisar los procesos de clasificación de internos de alta peligrosidad y fortalecer la cooperación internacional en materia de lucha contra el crimen organizado. Como recordó el director Dotson, los agentes penitenciarios arriesgan sus vidas a diario para proteger a más de ocho millones de personas en Virginia, por lo que este tipo de ataques deben ser abordados con una respuesta firme, estructural y sostenida.
