Sada Goray: víctima de extorsión en medio de investigación de Fondo MiVivienda

Acudió a la sede de la Dirincri para declarar ante la Policía. Su defensa sostiene que recibe mensajes amenazantes con armas de fuego dirigidos también a su familia.

La empresaria Sada Goray, investigada por el caso Fondo MiVivienda, acudió este viernes a la sede de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirincri), en el Cercado de Lima, para denunciar que es víctima de extorsión. La exgerente de Marka Group llegó acompañada de su abogado, Cris Torres, quien aseguró que tanto ella como sus familiares vienen recibiendo mensajes amenazantes, algunos de ellos acompañados de videos que muestran armas de fuego.

“Sí, hemos realizado una denuncia. Son mensajes extorsivos dirigidos a mi patrocinada y su familia, incluso con videos mostrando armas de fuego. Hemos venido a cumplir con la citación policial y declarar”, indicó Torres ante la prensa.

La denuncia ocurre mientras Goray continúa bajo investigación fiscal por presuntos sobornos a funcionarios del Ministerio de Vivienda durante el gobierno de Pedro Castillo. Según el Ministerio Público, la empresaria reconoció haber entregado más de cuatro millones de soles en efectivo a Salatiel Marrufo, entonces jefe del Gabinete de Asesores del sector, para favorecer a su empresa con contratos estatales.

El caso, que forma parte de las pesquisas del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder, incluye el hallazgo de documentos y conversaciones en dispositivos electrónicos incautados a la empresaria. Entre ellos, registros de transferencias y apuntes que, según la Fiscalía, evidenciarían pagos vinculados a la red de corrupción.

Goray cumple actualmente comparecencia con restricciones, lo que le impide salir de Lima sin autorización judicial. En declaraciones previas, ha cuestionado la difusión de información reservada del proceso y ha sostenido que es víctima de una “campaña de estigmatización mediática”.

Con la nueva denuncia presentada ante la Dirincri, la empresaria busca que las autoridades identifiquen a los autores de las amenazas que asegura haber recibido, en un contexto donde su caso continúa siendo uno de los más mediáticos y complejos del actual panorama judicial peruano.