Autor: Ricardo Zedano
Rusia dispone de versiones actualizadas del avión pesado Il-76 y del avión mediano Il-112, las cuales representan reales alternativas al avión An-178 que Ucrania pretende vender al Perú por 65 millones de dólares americanos, que finalmente sería destinado para el Ministerio del Interior del país suramericano.
Las gestiones encaminadas al suministro de la citada aeronave al país andino, se vio frustrada tras una serie de irregularidades en el proceso de negociaciones tales como:
- La nave aérea no cuenta con certificación correspondiente a nivel internacional, razón por la cual no registra ventas de exportación, tampoco registra la cantidad de horas de vuelo para pretender a la certificación mencionada.
- La presencia del general Alfredo Vildoso Rojas, que en ese entonces, cuando se firmó el contrato de compra-venta del avión citado, era el Jefe de la Aviación Policial investigado por delito de corrupción, relacionado con la compra de 35000 mascarillas y otros equipos de bioseguridad para el personal de la Dirección de Aviación Policial por un valor equivalente a unos 558479 dólares americanos, y quien ahora está preso por orden del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Transitoria del Callao.
- La adquisición de la aeronave se realiza fuera del marco de la Ley de Contrataciones del Estado, mediante una directiva aprobada el 27 de diciembre de 2018 y un decreto supremo en el que se declara de interés nacional dicha adquisición, sin la inclusión, además, de la correspondiente cláusula anticorrupción en el contrato de compra-venta.
- Las declaraciones del entonces Director General del conglomerado de empresas UkrOboronProm de Ucrania, Pavel Bukin, acerca de que el Perú podría convertirse “en el primer terreno de pruebas para un nuevo avión de exportación”, creado en la empresa estatal ANTONOV tras supuestamente haber ganado esta las licitaciones anunciadas en el Perú.
- El cese de Ayvaras Abromavichus como Director General de UkrOboronProm, quien reemplazó por poco tiempo a su antecesor Pavel Bukin y quien en una entrevista al Canal 24 de Ucrania comentó que la compañía ANTONOV no fabrica ni un solo avión en cinco años y precisó que el An-178 para la Policía Nacional del Perú (PNP) era uno de los cinco que se encontraban en proceso de producción. Según la prensa ucraniana, estaba también involucrado en delitos de corrupción.
- Los problemas que Ucrania tiene para adquirir los componentes de origen ruso, necesarios para la fabricación del tipo de avión en mención; el reemplazo y adaptación de dichos componentes por otros de producción occidental y ucraniana, cuyo periodo de pruebas comenzará a finales del 2020, el cual consta de unas 1800 a 2000 horas anuales de vuelo y con unos 5 prototipos de los que la parte ucraniana no dispone, esto con el objetivo de garantizar que el avión es apto para operaciones de vuelo dentro del país de origen y gestionar la certificación necesaria para su exportación, esto sin incluir las pruebas de vuelo en territorio del país que pretendiere adquirirlo, valga como ejemplo el Perú que tiene una geografía bastante accidentada. A propósito, no se ha informado oficialmente que el An-178 con el que supuestamente cuenta Ucrania haya volado las horas de vuelo anuales en el marco de los ensayos correspondientes y que dicho país cuente con un mínimo de prototipos antes mencionados para hacerlas, lo que realmente inspira gran desconfianza,
- La controvertida forma de pago. Supuestamente la parte peruana ya hizo un adelanto del 30% equivalente a unos 19,2 millones de dólares, las penalidades en caso de retraso de los plazos de entrega por un periodo de uno a dos meses, ascienden a nada más que a 5000 dólares por mes, algo tan irrisorio para una compra de tal magnitud. Si el retraso fuere de 12 meses, la penalidad sería de 70000 dólares. Algo demasiado favorable para la parte ucraniana, pues en la práctica internacional, en este tipo de negociaciones, la penalidad por cada día de retraso equivale a un 0.10% del valor del contrato.
- El riesgo de que el contrato quede sin efecto en el caso de que las partes así lo decidieren o una de ellas lo decidiere unilateralmente debido al incumplimiento de algunas de las cláusulas del contrato defectuoso, nada favorable para la parte peruana, pues esta no recuperaría los fondos ya transferidos a la parte ucraniana.
Las diligencias para la adquisición del An-178 fantasma tuvieron inicio en 2019 durante la gestión del entonces titular del Ministerio del Interior, Carlos Morán, quien aprobó la candidatura del General de la Policía Orlando Velasco Mujica y del comandante Miguel Huamán Reyes para que viajaran a Ucrania con el objetivo de participar en una feria militar y presenciar el vuelo de prueba del An-178.
Tras las irregularidades antes mencionadas el gobierno del Perú suspendió la ejecución del contrato de compra-venta de la citada aeronave, que era lo mínimo que podía hacer, pues es ilógico adquirir algo que no cuenta con la certificación internacional correspondiente tal como lo afirmó, a propósito, en junio de 2020 el ex Embajador de Ucrania Igor Tumasov, cesado también por el presidente de Ucrania Volodymyr Zelenskyy.
Cabe destacar que el Perú y Ucrania tienen élites políticas que se caracterizan por ser altamente corruptas y descaradas que no inspiran otra cosa más que solo sospechas de delitos de corrupción en donde sea que estén involucradas directa o indirectamente.
En el caso del An-178 realmente se pudo hacer las cosas de manera más transparente aplicándose la Ley de Contrataciones del Estado, con la consignación de cláusulas anticorrupción en el contrato de compra-venta, con la participación de la Fuerza Aérea del Perú que en el marco de la Cooperación Técnico-Militar entre Perú y Rusia tiene especialistas formados en la potencia euroasiática que conocen muy bien dichas aeronaves y dominan el idioma ruso.
El escándalo del An-178, como el de los helicópteros MI8, nos induce a pensar que entre el Perú y Ucrania está montado un esquema de nivel internacional para cometer delitos de cohecho y colusión en plena luz del día. En el caso del país suramericano el delito es doble, pues los involucrados en este acto delictivo no solo atentan contra la población peruana, que es la que asume este tipo de adquisiciones pagando sus impuestos, sino que se están prestando para financiar a un país con una cúpula política fascista y neonazi según la prensa alternativa que informa sobre lo que acontece en las autoproclamadas Repúblicas de Lugansk y Donetsk, ubicadas en el este de Ucrania.
