El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, enfrenta una creciente presión política luego de que el Jurado Electoral Especial (JEE) de Pacasmayo iniciara una investigación en su contra por una presunta vulneración al principio de neutralidad electoral. El motivo: el uso de una cámara institucional del Congreso durante un mitin de Keiko Fujimori en Trujillo, el pasado 30 de octubre, donde la lideresa de Fuerza Popular anunció su cuarta precandidatura presidencial.
Tras la difusión de los informes de fiscalización del JEE, la congresista Ruth Luque Ibarra, de Cambio Democrático – Juntos por el Perú, anunció la presentación de una moción de censura contra Rospigliosi, argumentando que el titular del Parlamento “no ha asumido la responsabilidad política” frente al uso indebido de bienes del Estado con fines partidarios.
“No se trata solo de una falta administrativa, sino de una vulneración grave al principio de neutralidad que el Congreso debe garantizar. El presidente del Parlamento no puede ser parte de hechos que favorezcan a una organización política en pleno contexto preelectoral”, señaló Luque.
La iniciativa ha recibido apoyo de congresistas de Perú Libre, Somos Perú, Bloque Magisterial y del Partido Morado, quienes ya han comenzado a reunir las firmas necesarias para formalizar la moción ante la Mesa Directiva. Según el reglamento interno, se requieren al menos 33 firmas para que el pedido sea admitido y posteriormente debatido en el Pleno.
Una vez presentada la moción, Rospigliosi deberá ser notificado y convocado a una sesión plenaria para exponer su descargo dentro de un plazo máximo de seis días hábiles. En esa oportunidad, el presidente del Congreso podrá responder a las acusaciones y ofrecer sus argumentos de defensa antes de la votación.
Si la moción de censura es aprobada por más de la mitad del número legal de congresistas (66 votos), Rospigliosi sería retirado del cargo, lo que abriría un proceso para elegir a un nuevo titular del Parlamento.
Mientras tanto, el JEE de Pacasmayo otorgó a Rospigliosi y al oficial mayor, Giovanni Forno, un día de plazo para presentar sus descargos administrativos. Ambos son señalados en los informes N.º 38-2025 y N.º 000038-2025-LCC-JEEPACASMAYO-EG2026/JNE, donde se les atribuye haber permitido el uso indebido de una cámara institucional para registrar una actividad partidaria, contraviniendo el artículo 32 del Reglamento sobre Propaganda Electoral y Neutralidad en Periodo Electoral.
El documento del JEE también cuestiona que el comunicado emitido por la Oficialía Mayor el 2 de noviembre, si bien reconoció una posible inconducta funcional y anunció la apertura de un procedimiento disciplinario, no deslinda responsabilidades respecto de Rospigliosi ni de otros funcionarios encargados de supervisar el uso de los bienes públicos.
Por otro lado, el informe recalca que la renuncia del trabajador del Congreso implicado en el uso del equipo no lo exime de responsabilidad administrativa ni penal, ya que el procedimiento sancionador puede continuar conforme al principio jurídico de “Renuntiatio non est absolutio” —la renuncia no equivale a absolución—.
El caso ha generado una fuerte polémica en el ámbito político y mediático. Mientras las bancadas de oposición exigen la censura inmediata del presidente del Congreso, los portavoces cercanos a Fuerza Popular defienden que Rospigliosi no tuvo participación directa en el manejo del equipo de grabación y piden esperar los resultados de la investigación del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
El desenlace de este proceso podría marcar un nuevo capítulo en la relación entre el Congreso y los organismos electorales, a pocos meses del inicio formal de la campaña de las Elecciones Generales 2026.
