El proyecto busca que los medios de comunicación emitan entre las 6 p.m. y 11 p.m. contenido sobre las acciones del gobierno contra la criminalidad, en una franja que, según los detractores, podría convertirse en una herramienta de propaganda oficial.
Para los críticos, como el exministro de Justicia Juan Jiménez Mayor, esta propuesta evoca modelos autoritarios como el de Venezuela, donde el control de los medios fue intensificado bajo el gobierno de Hugo Chávez. Estos expertos aseguran que la medida vulnera principios fundamentales de la democracia, al imponer una narrativa única y censurar otras voces.
Además, figuras como el expresidente del Tribunal Constitucional, Víctor García Toma, argumentan que la medida es inconstitucional, pues limita la libertad de los medios y obliga a las empresas privadas a difundir contenidos específicos del Gobierno, lo que va en contra de los derechos fundamentales.
La Asociación Nacional de Periodistas también ha manifestado su preocupación, calificando la propuesta de «irrupción inaceptable» en los contenidos informativos. Este panorama refleja una creciente tensión entre el gobierno y la prensa, con un claro intento de la administración de Boluarte de regular el flujo de información a su favor.
La Federación de Periodistas del Perú (FPP) rechaza enérgicamente el proyecto de ley que atenta contra el derecho de la libre competitividad de los medios de comunicación. Este proyecto de ley pretende obligar a los medios de comunicación a transmitir forzosamente los supuestos logros del Ejecutivo en la lucha contra la delincuencia durante los estados de emergencia.
La FPP considera también innecesario este proyecto de ley porque es notoria la presencia informativa diaria en los medios de comunicación sobre las acciones que realiza el Gobierno contra la delincuencia, el crimen organizado, sicariato, extorsión y corrupción
Si bien el Gobierno defiende la medida como una forma de involucrar a los medios en la lucha contra la delincuencia, las voces críticas aseguran que esta intervención es una amenaza para la democracia y la libertad de prensa, y debe ser rechazada por el Congreso.
