Ayer se dio las respuestas de la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, indicando a la empresa Repsol que estuvo a cargo de la refinería La Pampilla, debería afrontar sanciones y multas de tipo administrativo, penal y civil por el derrame de seis mil barriles de petróleo en el mar de Ventanilla durante el proceso de descarga de un buque.
La ministra señala que las sanciones administrativas son impuestas por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), mientras que las acciones penales son ejecutadas por el Ministerio Público, a la vez que el estado también impondrá castigos a Repsol por lo sucedido.
“El Estado está trabajando en tres dimensiones para establecer responsabilidad, en un daño ambiental se pueden determinar responsabilidades de tipo administrativo, que son las que OEFA puede imponer por conductas determinadas, por no cumplir los planes de contingencia”, expresó la ministra.
“Lo segundo es que nosotros también, como Estado, tenemos derecho de accionar a nivel penal, de hecho, la fiscalía de medio ambiente ya lo está haciendo, abriendo investigación por posible delito ambiental”, agregó.
“Lo tercero es que también el Estado tiene derecho a demandar medidas de tipo civil, y nosotros estamos trabajando para establecer toda esta gama de responsabilidades”, enfatizó.
