El día de hoy, el grupo de trabajo presidido por el congresista Marco Arana, evaluará las denuncias en contra del contralor general de la República, Edgar Alarcón, pidiendo su remoción del cargo ante la Comisión Permanente del Congreso.
Notas relacionadas: Edgar Alarcón asegura que hay una campaña en su contra
Ayer por la noche, el legislador por el Frente Amplio, Marco Arana, junto a sus similares Héctor Becerril (Fuerza Popular) y Juan Sheput (Peruanos Por el Kambio), tuvieron una reunión con la finalidad de redactar el informe final del caso, donde se determinó que Alarcón Tejada debe ser removido por, al menos, cuatro causales.
La primera de ellas, considera que el contralor cometió un grave error “al llevar a cabo actividades lucrativas en la compra de automóviles”. En ese sentido, se concluyó que sea el Ministerio Público quien revise esta denuncia, a la cuál se sumaría también la compra y venta de bienes.
La segunda hace mención del presunto pago irregular de la liquidación a una ex trabajadora de la institución, quien además es madre de dos de sus hijos, señalando que «se incurrió a una falta grave en el supuesto pago de beneficios no arreglada a ley”, transgrediéndose así el numeral 2 del artículo 8 del Código de Ética de la Función Pública, el cual señala que el servidor público está prohibido de obtener ventajas indebidas, por lo que se recomienda su remoción.
La tercera, habla de una presunta coacción al auditor Walter Grados, quien denunció la compra de más de 90 vehículos por parte del contralor y sus hijos, así como el caso de la ex trabajadora Marcela Mejía Franco y su supuesta liquidación irregular con S/ 127.000 y otros S/ 100.000 cuando su sueldo era de S/ 3.350 en el 2009. Para el grupo, hay “elementos suficientes para considerar que el señor Alarcón ha incurrido en falta grave”.
La cuarta y última, se refiere a la compra de dos automóviles que Alarcón hizo entre los años 2013 y 2015 a un proveedor de la misma contraloría, lo que infringe las normas de conducta de la institución, sosteniendo que dichas operaciones comerciales constituyen una “falta grave” que transgrede el Código de Ética de la Función Pública.
Por otro lado, la comisión también podría incluir la denuncia del presunto título falso de Alarcón Tejada, como otra falta grave que sustentaría su remoción.
Durante la sesión, que tiene previsto evaluarse desde las tres de la tarde, se tomará la decisión de ratificar o destituir al contralor. Sin embargo, y tras lo antes explicado, se entiende que la suerte de Alarcón ya está echada.
I.P.B
