Una reciente disposición del Ejecutivo ha generado controversia nacional. Se trata del nuevo Reglamento de la Ley N.º 32213, aprobado mediante el Decreto Supremo N.º 009-2025-EM, que introduce la figura del «REINFO hereditario». A partir de ahora, los herederos de un minero informal fallecido podrán asumir su lugar en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), lo que ha sido interpretado por muchos como una legalización encubierta de la informalidad minera.
La medida, impulsada por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), permite que los familiares de un titular fallecido del REINFO conformen una persona jurídica para continuar con el proceso de formalización minera, asumiendo todas las obligaciones legales, técnicas y ambientales pendientes.
Desde el Gobierno, la norma se justifica bajo una perspectiva social. Según el MINEM, se busca proteger a miles de familias que dependen económicamente de la minería artesanal y evitar que, tras el fallecimiento del titular, sus actividades queden en el limbo o pasen a la total informalidad. “Esta es una respuesta realista a una situación humana compleja”, indicaron fuentes del sector.
No obstante, el anuncio fue recibido con duras críticas desde diversos sectores políticos y técnicos. Para el congresista Wilson Soto, “heredar la informalidad no puede ser una política de Estado”. A su juicio, se está institucionalizando una actividad que históricamente ha escapado al control del Estado. “Vamos a pedir explicaciones al Ejecutivo. Esto abre la puerta a que se perpetúe un sistema que genera violencia, contaminación y evasión”, enfatizó.
En la misma línea, la congresista Ruth Luque cuestionó la legalidad de la disposición: “Este decreto contradice el espíritu de la propia Ley N.º 32213, que no contempla la sucesión en el REINFO. Además, consolida un mecanismo que ha protegido actividades ilegales, facilitado el uso de explosivos sin control y operaciones sin contratos ni fiscalización ambiental”.
El especialista en derecho ambiental, César Ipenza, fue más allá y advirtió que la medida tiene “visos de ilegalidad”. Para él, el REINFO ha sido utilizado como un escudo por sectores que operan en los márgenes de la legalidad. “Esta norma extiende una situación de informalidad que debía tener fecha de vencimiento clara. En lugar de cerrar el ciclo, se está abriendo una nueva etapa de tolerancia”.
Incluso desde el sector empresarial, tradicionalmente más conciliador con el Ejecutivo, surgieron voces críticas. Roque Benavides, presidente de la Compañía de Minas Buenaventura, calificó la norma como una “barbaridad” y alertó sobre el peligro de normalizar la cadena que va “de la informalidad a la ilegalidad, y de ahí a la delincuencia”.
Mientras tanto, el MINEM insiste en que la norma no implica tolerancia con la minería ilegal, sino un esfuerzo por brindar orden y una transición responsable hacia la formalidad. Sin embargo, la preocupación por la falta de fiscalización, la expansión de actividades contaminantes y el uso indebido de explosivos persiste. Con este nuevo capítulo, el futuro del REINFO —cuyo cierre definitivo estaba previsto para diciembre de 2025— parece cada vez más incierto y rodeado de cuestionamientos. ¿Se está construyendo una salida ordenada o simplemente postergando un problema crónico?
