Por: Alejandro Marco Aurelio Capcha Hidalgo
Periodista: Reg.-N°. -4654-
En un arbitraje internacional entre la justicia peruana y la empresa transnacional mega corrupta de Odebrecht evidentemente es caso perdido generando al estado un despilfarro con sumas millonarias. Las autoridades ya tienen conocimiento y están notificados el perjuicio que le puede ocasionar al estado peruano. Ir a un arbitraje en primer lugar, la empresa brasilera va actuar con el mecanismo al derecho de arbitraje y como segundo acto el mecanismo al Ministerio Público que, ya en el Perú es evidente del trabajo calamitoso de los inmaculados, Fiscales, Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez. El 70% de los peruanos conjeturan, dudan, sospechan que ambos fiscales, Vela, y Pérez estarían beneficiando a Odebrecht, y ello es indiscutible por los siete años perdidos de investigación y devueltos por el poder judicial por las investigaciones endebles de los mencionados fiscales. Ello conlleva a reconfirmar a los ciudadanos que la justicia peruana es reo contumaz de la transnacional Odebrecht, empresa mega corrupta calificada por la mayoría de los peruanos.
La teoría central conlleva a un iter criminis, o camino del delito, que, a la vez, involucra a las formas y a los actores de la justicia y hasta de la política. Es más, esta infracción es de tal dimensión que llega a objetar la propia gramática del Estado democrático de derecho. Este artículo, además, es el intertexto del libro cuya ficha técnica es la siguiente: Francisco Durand (2018): Odebrecht.
La empresa que aprisionaba gobiernos. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú. Francisco Durand se comporta como cuentista social, y conquista el objeto de estudio a partir de la operacionalización de ciertas categorías, políticas y jurídicas: “Cuentas cifradas, empresas offshore, paraísos fiscales, falsos contratos, evasión tributaria; financiación de partidos, lobbies, puertas giratorias, conflictos de intereses; arreglos, redes y clientelas; colusión agravada, sobornos, lavado de dinero, información privilegiada, tráfico de influencias; doleiros, operadores; colaboración eficaz, delación premiada, prisión preventiva, debido proceso; impeachment, vacancia presidencial, incapacidad moral permanente; democracia comprada, cleptocracia, captura del Estado, abuso de poder”.
Para sus fines sociológicos, el profesor Durand propone principalmente el enfoque del poder empresarial, del business power capitalista, puesto que las empresas constructoras privadas son las que compiten por lograr la buena pro de las entidades del Estado, y las que tienen a su cargo la ejecución de la infraestructura pública.
En este primer párrafo sociológico, me permito sugerir, a modo de lógica oculto, a Michel Foucault y su teoría de las relaciones de poder, porque dicha operacionalización sí nos permitiría comprender esta captura mafiosa de los gobiernos nacionales y subnacionales, sin la necesidad de culpar al sistema capitalista.
El primer mecanismo de este secuestro de nuestra sociedad es el derecho de arbitraje. Por ejemplo, la Municipalidad Metropolitana de Lima no puede embargar a Odebrecht porque, astutamente, la empresa Brookfield le “compra” el 57% de las acciones a Odebrecht el 21 de junio de 2016, no obstante que Marcelo Odebrecht había sido sentenciado en Brasil, el 9 de marzo de 2016.
Finalmente, si bien es cierto que el derecho de los tratados obliga a los Estados nacionales a cumplir el derecho internacional, y priorizar su aplicación al derecho interno, también es cierto que ello no debería conllevar a renunciar a la soberanía. Sobre todo, cuando el Estado nacional defiende una causa que considera conforme a la práctica usual de la costumbre y de buena fe.
Por ejemplo, no todo lo que diga la Corte o la Comisión de Derechos Humanos debe ser aplicado por un Estado si ello constituye un quebrantamiento manifiesta del derecho interno. Al respecto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha deslizado una categoría interesante para que los Estados puedan hacer prevalecer su derecho interno en casos como el de Odebrecht y las rutas de Lima, la llamada “margen de apreciación nacional”.
El segundo mecanismo, el de la impunidad, es el Ministerio Público, y en concreto, el Equipo Especial de Fiscales Lava Jato. Concluyamos: Odebrecht no sólo es la empresa que ha capturado a algunos gobiernos subnacionales del Perú, sino que ha logrado hacer de la justicia peruana su prisionero.
