Por: Alejandro Marco Aurelio Capcha Hidalgo
Periodista: Reg.-N°-4654-
El Perú enfrenta una profunda y grave situación de injusticia que requiere soluciones de fondo, no superficiales ni simples declaraciones. La justicia se encuentra en una encrucijada, demandando cambios profundos y no sencillas, simplonas con soluciones maquilladas. La ciudadanía lo especifica, detalla una percepción negativa de las instituciones por parte de la población pervertida, emponzoñada por la corrupción y la “politización”. Lo que observamos no es solo inoperancia, sino a un deterioro insoldable del sistema que debería proteger los derechos elementales y sancionar el delito, sin tendencias ni acuerdos sombríos.
Uso político de la justicia para atacar a opositores, a la existencia de estructuras organizadas informales, compuestas por jueces y fiscales, que operan fuera de los canales oficiales y que podrían influir en decisiones judiciales o investigaciones fiscales. Estas redes, si existen, podrían representar un riesgo para la imparcialidad y la transparencia del sistema judicial. Evidentemente el problema es estructural. El sistema de justicia no puede seguir siendo prisionero de interés seccional partidaria, ni mucho menos un arma para garantizar impunidad a los aliados del poder de servicio.
Subrayo, es urgente una reforma judicial de fondo, sin cosmetología. Uno de los pilares esenciales de esa transformación debe ser la despolitización real del Poder Judicial y del Ministerio Público. Para lograrlo, se necesita una modificación sustancial en los mecanismos de designación del fiscal de la Nación y de los jueces supremos. Debe acabarse la injerencia de los partidos en estos procesos. La creación de un Consejo Autónomo de la Magistratura, que evalúe y nombre magistrados con criterios éticos y técnicos, sin vínculos políticos, es un paso necesario.
Otro factor central es el combate frontal a la corrupción dentro del propio sistema. Se requiere una Unidad Anticorrupción autónoma, con presupuesto propio y plenas facultades para investigar y sancionar a magistrados corruptos.
El enriquecimiento ilícito debe ser declarado
delito imprescriptible y conllevar la pérdida automática de beneficios penitenciarios. También,
todos los jueces y fiscales deben presentar declaraciones juradas de patrimonio e intereses auditadas, con sanciones reales por omisiones o falsedades.
En esta dirección, merece especial atención la propuesta impulsada por la congresista y exfiscal de la Nación Gladys Echaíz, quien plantea la creación de una Escuela Nacional de la Magistratura que reemplace gradualmente a la Junta Nacional de Justicia. Esta institución tendría la
misión de seleccionar, formar y evaluar a jueces y fiscales bajo estándares rigurosos, libres de toda influencia política. El modelo incluye concursos públicos transparentes, evaluación continua, código de conducta obligatorio y una formación con enfoque ético y técnico.
La reforma debe incorporar, contemplar y orientarse a la modernización del sistema de digitalización completa, plazos máximos para resolver procesos, límites a la prisión preventiva, audiencias públicas y veedurías ciudadanas; fiscalizar externamente el funcionamiento judicial es supervisar o auditar.
