Raúl Doroteo, congresista de Acción Popular, emitió una declaración en respuesta a las acusaciones en su contra relacionadas con el presunto caso ‘Mochasueldos’. En su pronunciamiento, admitió haber visitado a su ex empleada, María Morales Gutiérrez. No obstante, rechazó la afirmación de haber reducido su salario.
El parlamentario explicó que las visitas tenían la intención de esclarecer las razones detrás de su inasistencia. Según relató el legislador, la denunciante comenzó a faltar al trabajo entre diciembre y enero.
«No lo he negado, hemos ido por su inasistencia a pedirle por qué no va a trabajar. No recuerdo. Puede ser la primera semana de diciembre o enero, no recuerdo bien», indicó.
El legislador describió la situación como un “complot» al mencionar el mensaje que recibió de María Morales Gutiérrez, en el cual ella expresaba que no tenía suficiente dinero para entregarle el 50 % de su salario «como solía hacerlo habitualmente».
“Me sorprende cuando me manda el mensaje y que no ha tenido respuesta. Inmediatamente entendí que era un complot porque esperaba que yo le continuara esos mensajes”, señaló Raúl Doroteo ante los medios comunicación.
Doroteo aseguró categóricamente que nunca se involucraría en este tipo de prácticas, expresando su decepción hacia su ex trabajadora. Además, adelantó que se llevará a cabo una investigación sobre una presunta organización que obtiene empleo en el Congreso mediante títulos falsos.
El representante de Ica enfrenta acusaciones de María Fernanda Morales Gutiérrez, ex empleada, quien afirma que le redujo su salario hasta en un 50%. Estas acusaciones se hicieron públicas en un programa periodístico, donde Morales, quien anteriormente trabajaba como asesora técnica del congresista, presentó mensajes de WhatsApp que indicaban que se le exigía contribuir con la mitad de su sueldo, el cual ascendía a miles de soles. Sin embargo, dada la condición de embarazo de la empleada, ella habría solicitado, también a través de WhatsApp, reducir su aporte al 25% del salario
El pasado 15 de abril, funcionarios de la fiscalía nacional junto con miembros de la DIVIAC realizaron un procedimiento de registro en las instalaciones del legislador Raúl Doroteo, como parte de las pesquisas relacionadas con la supuesta disminución salarial de sus empleados.
Juan Carlos Checkley, el magistrado principal encargado del caso, emitió la orden que implica la inspección y confiscación en cuatro propiedades del legislador Doroteo de Acción Popular. Estas propiedades se encuentran en la cuadra 4 de la avenida Cortijo en el distrito de Santiago de Surco, así como en las ciudades de Paracas y Pisco en Ica. Además, se incluyen sus oficinas parlamentarias ubicadas en la tercera cuadra del jirón Huallaga y en la segunda cuadra de la avenida Abancay, en el Centro de Lima.
