Ricardo Sánchez Serra
El Acuerdo de Escazú está en el Congreso, adecuadamente archivado. No es conveniente desempolvarlo y es inexplicable e injusto el cargamontón izquierdista contra el canciller Miguel Ángel Rodríguez Mackay, porque manifestó que debe continuar archivado por no corresponder a los intereses del país.
Como han fracasado en la jurásica lucha de clases los comunistas y caviares se reciclan tratando de defender la ideología de género, el aborto, a los gais, a las comunidades originarias y el medio ambiente.
Con ello tratan de implosionar a la sociedad, de imponer los caprichos de las minorías sobre las mayorías, de acusar de discriminación a todo el mundo, son antimineros y de hacerse pasar como ambientalistas extremistas. Como su ideología es un fracaso, tratan de sobrevivir buscando banderas de lucha, con el único objetivo de llegar al poder.
No lo necesitamos
Por eso, el tema del Acuerdo de Escazú hay que abordarlo sin apasionamientos ideológicos y más bien con argumentos técnicos.
El Acuerdo de Escazú tiene categoría de tratado, y fue enviado al Congreso -que luego de un minucioso estudio lo archivó-, porque en armonía con el artículo 56 de la Constitución Política del Perú, involucra materias de derechos humanos y, principalmente, soberanía, además de posibles obligaciones financieras.
Es posible que otros países necesiten este tipo de acuerdos por su incompleta legislación interna, pero el Perú no lo necesita. Tenemos las suficientes normas jurídicas externas e internas, para defender el medio ambiente, los recursos naturales, el acceso a la información y la judicialización de los casos.
Nuestros dispositivos son suficientes
Tenemos normas de vigilancia ambientales del Poder Judicial o de la Defensoría del Pueblo. Sería repetitivo mencionar todas las normas, que son de público conocimiento. En la legislación interna se encuentra lo que busca el Art. 1 del Acuerdo. En resumen, el Perú ha hecho los esfuerzos y las condiciones suficientes para estar dentro de los estándares internacionales de defensa del medio ambiente y en este caso vinculado al cumplimiento de los derechos humanos.
Este nuevo acuerdo si se ratificara acarreará, asimismo, obligaciones internacionales, como señaló la Cancillería en su momento, a la Comisión de Relaciones Exteriores y estará sujeto a responsabilidad internacional en caso de incumplimiento.
Sería un despelote
En este sentido, para absolver todas las inquietudes no solo de los peruanos, organizaciones, sino de cualquier “persona”, el Estado tendría que tener un gigantesco aparato burocrático para absolverlas, y todavía con plazos perentorios, por lo que no hay forma de evitar el abuso del derecho, y con ingentes costos, que hoy se necesitan para continuar invertirlos en combatir el Covid-19. Será un guirigay legal, que, además, las decenas de normas peruanas tendrán que adaptarse al acuerdo superior que es un tratado, de acuerdo a la Constitución.
El hecho que cualquier “persona” pueda pedir información, oponerse, paralizar el proyecto o dilatarlo, atenta contra la propiedad privada de las comunidades dueñas de los recursos y la inversión, vulnerando el desarrollo comunitario y nacional. Igualmente, ese derecho de propiedad privada será vulnerado por el principio precautorio, lamentablemente sin necesidad de evidencia científica.
Esta obstrucción la pueden realizar extremistas ambientalistas, competidores, y hasta países interesados (directa o indirectamente), que nos lleven a un tribunal extraterritorial. Y lo absurdo es que ante una denuncia de afectación del medio ambiente se invierte la carga de la prueba.
Espada de Damocles
Y otra cosa extraña es que no admite reservas, a diferencia también de otros instrumentos internacionales. Es incomprensiblemente el todo o nada. Y esperar cuatro años para terminar de retirarse, es un tiempo precioso que paralizaría inversiones.
Sobre los recursos para apoyar este acuerdo, no solo los Estados tendrán que financiarlo “voluntariamente” –lo que hoy es imposible no solo por parte del Perú que expliqué en el punto tercero-, sino que por el artículo 14, se podrá invitar “otras fuentes”, peligrosísimo financiamiento ¿De quiénes? ¿Qué responden a qué intereses? Sabemos que el que financia manda… Será nuestra espada de Damocles como instrumento de presión ¿No es también injerencia a la soberanía? La secretaría general del Acuerdo será ejercida por la Cepal, a diferencia de otros convenios en donde democráticamente la secretaría es rotativa entre los países firmantes.
Si bien el acuerdo se refiere a derechos humanos y medio ambiente en todo el territorio nacional, no solo en la Amazonía, ésta, en stricto sensu, forma parte de nueve países, y de nadie más. Decir que es patrimonio de la humanidad o pulmón del mundo es un sofisma, sí es una de las siete maravillas naturales del mundo y regula el cambio climático.
Lo menciono así, porque las grandes potencias, de tiempo en tiempo, no ocultan su deseo intervencionista, como quisieron hacerlo con los infaustos incendios de Brasil y que son recurrentes, no políticas de Estado, pero se aprovechó para tratar de intervenir, con mentalidad colonialista, como dijo el presidente Jair Bolsonaro. ¿Acaso se dijo lo mismo con los también infaustos incendios en Australia y en otras partes del mundo como Tailandia, Siberia o Alaska?
Conclusiones
No se realizó un análisis económico-legal y costo-beneficio de dicho acuerdo. Los peruanos queremos saber cuánto nos hubiera costado.
Fue conveniente que el Congreso de la República rechace el Acuerdo de Escazú, porque se inmiscuye en asuntos internos y atenta contra la soberanía, perjudica la propiedad privada de las comunidades y la inversión, afectando el desarrollo nacional.
Sin ratificarlo es posible tomar algunos puntos del acuerdo como recomendaciones, sin la necesidad de ser vinculantes.
