En nuestro programa ¨Hora Seis¨, el cual se trasmite por: ¨La voz de la libertad de expresión¨ radio on line de la Federación de Periodistas del Perú desde mediados de junio del año pasado asumimos una investigación periodística, sobre denuncias contra la judicatura de Cañete. Durante todo este tiempo nos dedicamos a recopilar información, escuchar testimonios, contrastar y cruzar información. Abrimos nuestros micrófonos para escuchar los testimonios de quienes sindican a autoridades del Poder Judicial de Cañete de amparar a usurpadores y traficantes de terrenos, y lo que finalmente pudimos sistematizar al respecto es verdaderamente concluyente.
Descubrimos diversos casos en los que el común denominador son la usurpación y despojo de terrenos en Chilca, Mala y Cañete, llamó nuestra atención, además, como en varios procesos judiciales al respecto la actuación del Poder Judicial de esa provincia es verdaderamente causal de sospecha, y como en varias historias que tienen más de una coincidencia se repiten los nombres de tres magistrados de esa corte. En nuestra edición de anoche mencionamos 5 casos:
- El denunciado favorecimiento a Sandra Maritza Greenwich Alzamora, quien es sindicada de tráfico de tierras; como a pesar que se emitió la sentencia casatoria N°13586-2014, esa persona ofrece en venta terrenos que no le pertenece.
- Las prebendas a Pedro Guizado y sus familiares. Guizado Portillo logró que la Sala Civil de Cañete revoque una sentencia, y posterior anulación de una inscripción registral, también de todas las ventas ´posteriores anotadas ahí para favorecerse.
- Como a Rossana Hurtado le inventaron un proceso judicial para arrebatarle su propiedad, eso con documentación adulterada y falsificando su firma, por ello el notario de Mala-Cañete Maximiliano Salas Zúñiga se encuentra con orden de captura y prófugo de la justicia.
- El caso ¨El Pocito¨, a pesar que la familia Lescano, legítima propietaria de aquel terreno, ganó el juicio contra los usurpadores de su propiedad, la corte de Cañete se niega a devolverle el predio.
- La acusación contra Frank Tuss López de Romaña, quien con ayuda de un juez de paz, y gracias a documentos falsos logró hacerse con un terreno que no era de él, ese hecho fue plenamente probado, ya que el magistrado quien había aceptado como parte del proceso un DNI que no era de López de Romaña, sino de su hijo entonces menor de edad, fue condenado; pero, inexplicablemente absuelto por la corte de Cañete.
- Finalmente, nos referimos a un hecho que es un grave atentado contra el ejercicio del periodismo, la libertad de prensa, y expresión. Maribel Porta Yaranga es una periodista, miembro de la Federación de Periodistas del Perú, que supo convertirse en un verdadero dolor de cabeza para los integrantes de la judicatura de Cañete. Sus investigaciones dadas a conocer en su espacio informativo han sabido poner contra la pared a quienes creen que pueden hacer con la corte y la justicia lo que les da la gana.
Maribel se constituyó como periodista a cubrir una audiencia pública, lo que generó el inmediato rechazo del ahora Presidente de la Corte Superior de Justicia de Cañete Luis Enrique García Huanca, quien ordenó a vigilantes particulares expulsen de la sala a la citada mujer de prensa. Ese juez, quien es encargado de administrar e impartir justicia a nombre de la nación parece desconocer que existen normas que amparan a quienes hacen periodismo, como por ejemplo el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: ¨Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, este derecho incluye el de no ser molestado a causa de opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas¨. O el artículo 13 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos o Pacto Costa Rica: ¨Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir, y difundir informaciones e ideas de toda índole¨.
El martes de esta semana acompañamos a Manuel Chiarella a la OCMA. pues él quería averiguar cómo va la queja que presentó contra el magistrado García Huanca. Al leer el expediente respectivo hicimos un muy grave descubrimiento. Ya existe un borrador de resolución en el que se ordena archivar la investigación contra Luis Enrique García Huanca Presidente de la Corte Superior de Justicia de Cañete, ello sin que ODECMA. Cañete haya culminado su trabajo de investigación.
En una reciente entrevista dada por aquel magistrado a un reportero del canal 39 de esa localidad del sur de Lima, mencionó que ¨habrá sorpresas¨ en el proceso que se le ventila ante la Oficina de Control de la Magistratura, y que luego tomaría acciones legales contra periodistas y quienes lo denunciaron. ¿Esa declaración se debe acaso a que García Huanca ya sabe del borrador de resolución en el que se le libra de toda responsabilidad? ¿Acaso en su mira se encuentran quienes fueron despojados de sus propiedades y denunciaron la parcialidad del aparato de justicia? ¿Arremeterá ese juez contra los periodistas que recogieron y dieron a conocer los testimonios de las víctimas de esas usurpaciones?
Las investigaciones sobre los hechos arriba detallados no han concluido, por el contrario, continuarán hasta que por fin se haga justicia. También hasta que quienes conforman el Poder Judicial entiendan que el cargo que ostentan, es para defender la ley y la legalidad, nunca para todo lo contrario.
José Briceño Abanto
