El proyecto de ley N° 142/2021-CR fue evaluado y aprobado por mayoría junto con otros proyectos acumulados, con el objetivo principal de hacer cambios en el artículo 1 de la ley 26771 y en el artículo 83 de la ley 30057 sobre el servicio civil. Sin embargo, el dictamen fue aprobado para que vuelva a las comisiones correspondientes para un estudio más detallado.
La presidenta de la Comisión de Justicia, Milagros Rivas Chacara (PL), explicó que la iniciativa de ley busca impedir la contratación con el Estado de cualquier persona jurídica cuyos socios directos o indirectos, directores, miembros del directorio, gerentes y representantes legales tengan procesos judiciales en trámite o sentencia firme y definitiva por delitos de corrupción (artículo 1).
La iniciativa propuesta implica que las empresas que tengan socios directos o indirectos, directores, gerentes o representantes legales que hayan sido acusados fiscalmente, se hayan acogido a la colaboración eficaz o a la confesión sincera en un proceso judicial donde se está investigando, o que hayan sido declarados culpables de delitos de corrupción, están prohibidas de manera permanente de contratar con el Estado (según el artículo 2).
Después de presentar la propuesta de ley, el parlamentario Héctor Valer Pinto (SP) solicitó que su proyecto se desacumulara, ya que sugirió que los familiares podrían trabajar en cualquier departamento del Estado, pero no en la misma institución donde trabaja el funcionario.
En este contexto, Jorge Marticorena Mendoza, del Partido Popular, expresó su apoyo a la ley propuesta, destacando la necesidad de establecer regulaciones para el trabajo de los familiares de los funcionarios públicos y para las empresas que trabajan con el gobierno.
Por su parte, la congresista Katy Ugarte Mamani enfatizó la importancia de combatir la corrupción que ocurre a través de diversas empresas que tienen diferentes tipos de contratos que perjudican la economía del país, mientras que Magali Ruiz Rodríguez, del partido APP, coincidió al señalar que los procesos de contratación no pueden favorecer a familiares de los funcionarios que perjudiquen la economía del país.
Finalmente, Alejandro Muñante Barrios, del partido RP, expresó su respaldo a la propuesta de ley y sugirió que también se considere a las ONG como posibles participantes en acuerdos y contratos con el Estado. Por su parte, su colega, Adriana Tudela Gutiérrez, también presentó su postura al respecto y contribuyó a la discusión del proyecto de ley.
, explicó que la iniciativa de ley busca impedir la contratación con el Estado de cualquier persona jurídica cuyos socios directos o indirectos, directores, miembros del directorio, gerentes y representantes legales tengan procesos judiciales en trámite o sentencia firme y definitiva por delitos de corrupción (artículo 1).){kind=link}