Por: Miguel Zea Alayo
Secretario Nacional de Derechos Humanos de la Federación de Periodistas del Perú.
Es conocido internacionalmente lo sucedido respecto a la vacancia del ex – presidente Pedro Castillo Terrones luego que diera un brevísimo golpe de estado presuntamente en infracción de las disposiciones constitucionales del Perú, así como la imprevista detención de Gobernador Luis Fernando Camacho Vaca del departamento de Santa Cruz de la Sierra, de Bolivia.
En Perú, la violencia desatada por las protestas y la represión contra ellas han costado decenas de vidas, y esta violencia puede volver a estallar como ha sido anunciado a partir del 04 de enero de este año. Y en Bolivia se han generado múltiples heridos y una acentuada represión policial que no ha dado tregua incluso durante las celebraciones del año nuevo en Bolivia. En ambos casos los conflictos nacen de una subsistente y marcada discriminación y, por otro lado, pese a que existe una cada vez mayor autonomía y asignación de recursos a las regiones del Perú, estas continúan insatisfechas y acusan de centralismo a la capital, acusación de centralismo que también hace el departamento de Santa Cruz y otros departamentos a la capital boliviana.
Em ambos casos, algunas voces en las regiones del sur del Perú intentan motivar tendencias separatistas, e igualmente sucede con el departamento de Santa Cruz respecto a Bolivia.
En tal sentido lo primera diferencia que debemos marcar es que el separatismo que busca balcanizar los estados de esta parte del continente americano, creando naciones independientes o anexando unas a otras, es diametralmente distinto al concepto de las naciones plurinacionales y multiculturales, orientado hacia la autonomía de los pueblos originarios, desarrollado, por ejemplo, por Bolivia en su Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”, Ley N° 031 de 19 de Julio de 2010 que promueve las llamadas “autonomía indígena originaria campesina”, pero dentro del marco del Estado Plurinacional de Bolivia y de ninguna manera establece la creación de republicas independientes o la cesión o anexión de territorios de los estados vecinos.
Esto es muy importante señalar ya que estos intentos separatistas surgidos y atizados por los conflictos sociales en Perú y Bolivia solo pueden acarrear más violencia e incluso indeseables guerras civiles cuyas consecuencias en muertes y daños materiales resultarían incalculables y cualquiera que sea el resultado de estos hipotéticos conflictos no justifican las muerte y desolación que causarían. A ello hay que sumar que estas propuestas obedecen no a los sentimientos de marginación y descontentos de los pueblos sino a intereses geopolíticos ocultos que se aprovechan de ello para sembrar la violencia y el caos.
Por otro lado, la violencia surgida en Perú y Bolivia, más allá de reivindicaciones sociales giran en torno la defensa de personaje políticos, en Perú, Pedro Castillo y en Bolivia, Luis Fernando Camacho, de origen étnico y posiciones políticas diversas, pero ambos acusados de lo mismo, presunta intervención en sendos golpes de estado. En diferentes extremos políticos, según la calificación occidental que ya va quedando obsoleta, uno considerado de “izquierda” · y otro considerado de “derecha”, pero en ambos casos sus seguidores o partidarios tienen todo el derecho legítimo a protestar por lo que ellos consideran injusto o ilegal, PERO NADA JUSTIFICA QUE ESA PROTESTA LLEVE A LA VIOLENCIA EXTREMA DE CAUSAR DAÑOS PERSONALES O MATERIALES. En ambos casos, también, resulta inaceptable e intolerable que la represión estatal use indiscriminadamente armas de fuego y causen muertos y heridos impunemente, con la complacencia de sus gobernantes de turno, cualquiera que sea su orientación política.
En el caso de Bolivia lo que para algunos fue golpe de estado para otros fue fraude electoral y ambas versiones han desarrollado su propia narrativa generando polarización en la sociedad boliviana. Igualmente, en Perú, lo que para algunos fue un golpe de estado de Pedro Castillo contra el Congreso, para otros fue lo contrario un golpe del Congreso contra Pedro Castillo. Más allá de los hechos objetivos o del marco legal correspondiente, cada quien solo ve lo que desea ver, cayendo en un espiral de intolerancia generador de violencia por ambas partes.
Las plataformas de lucha en ambos países se asemejan en un aspecto al menos, en ambos se pide la libertad y la restitución en su cargo a los personajes políticos mencionados; sin embargo, ello no puede ser decidido sin romper el marco constitucional y la separación de poderes por las que se rigen dichos estados. Por lo que esas peticiones devienen en muy difíciles, por no decir imposibles, de acceder.
Por otro lado, como ya lo mencionamos líneas arriba, este caldo de cultivo de protestas es ideal para quienes atizan el separatismo, explotando para ello el legítimo descontento de los pueblos marginados, pero exacerbando los ánimos irresponsablemente lo que podría generar un espiral de violencia incontrolable.
En el caso del Perú, específicamente, las protestas que piensan reiniciarse este 04 de enero, solicitan también la renuncia inmediata de la presidente Dina Baluarte, el cierre del Congreso y el adelanto de elecciones en el más breve plazo.
Si bien es cierto ya se ha decidido el adelanto de elecciones para abril de 2024, esto no satisface a un sector del país del Perú, exigiendo que este adelanto sea, entre otras fechas sugeridas, en diciembre de 2023. En este punto, la diferencia de unos meses más o menos podría ser en la práctica intrascendente pero su efectismo socio político resulta importante y debería ser escuchado o al menos explicar mejor a la población la necesidad de tomarse un tiempo adecuado para una convocatoria electoral trasparente.
En cuanto a la renuncia inmediata de la presidente Dina Boluarte, el tema es quien la sucedería, si aquellos que protestan también muestran su insatisfacción con el Congreso de donde debería salir su sucesor constitucionalmente.
Sin embargo así están planteadas las cosas y corresponde al gobierno de la primera mujer que accede a dicho cargo, y, hay que decirlo, de origen provinciano, precisamente del sur andino específicamente de la valerosa tierra Chanka y, también hay que decirlo, quechua hablante, es decir alguien que como millones de provincianos de todo el Perú llegó a una capital la a que se estigmatiza de centralista y discriminadora pero que alberga en su seno a millones de provincianos ente ellos muchos que han logrado prosperidad económica y/o accedido a altos cargos en la política, así como practican cada vez más libremente y con gran aceptación sus rituales y costumbres ancestrales en las wakas de Lima, corresponde, decíamos, a esta presidente responder prudentemente ante las nuevas protestas y evitar que se causen más muertes por la represión policial. En otras circunstancias una mujer provinciana y quechua hablante en en la presidencia del Perú hubiera merecido un gran reconocimiento nacional e internacional, lamentablemente las circunstancias actuales hacen poco notorio este hecho.
Asimismo, ya se han abierto las investigaciones penales contras los presuntos responsables de los más altos cargos militares o policiales respecto a las muertes sucedidas, así como también, en su oportunidad, se deberá evaluar la responsabilidad política de la actual gobernante.
EL TEMA DE LA IDENTIFICACION
Pedro Castillo vendió bien su imagen de maestro rural y campesino de origen popular y un supuesto obstruccionismo congresal, sin embargo, esto último no es tan cierto ya que ese mismo congreso que cuestionaba es el mismo que logró sustentarlo en reiteradas oportunidades evitando su vacancia. Es decir, con sus aliados congresales denominados “Los Niños” extraoficialmente tenía asegurada una innegable mayoría en ese Congreso.
De otro. lado el origen étnico o de clase no es justificación de ningún modo para ejercer un cargo de manera irresponsable e improvisada y mucho menos avalando la corrupción de personajes de su entorno hoy investigados, detenidos o prófugos como sus propios sobrinos, ex asesores y ex ministros.
Sin embargo, la narrativa de victimización fue muy productiva y ha logrado polarizar el país del Perú causando desunión y enfrentamientos.
EL TERRUQUEO Y LA CRIMINALIZACION DE LA PROTESTA
Generalizar a cualquier persona que protesta como terrorista es una estrategia que justifica la represión desmedida, sin embargo, el no deber generalizar la calificación de terrorista de manera indiscriminada no significa que se deba tolerar a aquellos que si realmente azuzan la violencia inspirados en pensamientos extremistas que ya hicieron tanto daño al Perú en décadas pasadas.
Aquí en Perú cabe denunciar el eterno doble rasero de nuestra izquierda que no quiere que se judicialice ni denuncie ni siquiera en los casos en los que, sí realmente se azuza la violencia, pero aplauden como foquitas bien amaestradas cuando en Bolivia el gobierno califica como terroristas a los que protestan y los reprimen sin mayor miramiento e incluso los sentencia en menos de 24 horas a lo que ejercen su derecho de protesta ¿Qué dirían si eso sucediera en Perú?
¿Es acaso que consideran que aquellos que protestan y se consideran de izquierda tiene derechos humanos pero los que protestan y se les califica, muchas veces injustamente, de derecha no los tienen? ¿No se les puede llamar terroristas a los primeros, pero a los segundos sí? ¿En el primer caso la represión y judicialización resulta intolerable así cometan actos de violencia, pero en el segundo caso merecen ser reprimidos y sentenciados de inmediato? ¿En el primer caso se deben multiplicar los pronunciamientos y manifiestos, pero en el segundo se debe callar? ¿Se puede alentar impunemente el separatismo en Perú, pero se condena inmediatamente si alguien sugiere separatismo en Bolivia? Este eterno doble rasero debe terminar.
Por otro lado, es justo y legal permitir el derecho a la protesta y es necesario condenar cualquier abuso indiscriminado del uso de la fuerza en la represión estatal, completamente de acuerdo con ello. Pero a los que convocan las protestas no les gustan las convocatorias a marchas por la Paz y cargan con argumentaciones falaces contra ellas. ¿Cómo se entiende eso? ¿Los ciudadanos pueden protestar e incurrir incluso en actos de violencia, pero no pueden manifestarse a favor de la Paz? Otra vez, el doble rasero de la izquierda.
¿Tenemos que dejarnos dominar por aquellos que se creen dueños de la verdad y crean una única narrativa que proclaman intocable? ¡Por supuesto que No!
Acompañamos en el dolor de los familiares de todas las víctimas de la represión y exigimos justicia y reparación, que los responsables de dichos crímenes no queden impunes. E invocamos a todas las partes que mantengan el dialogo que se hagan propuestas accesibles y que se cumplan los acuerdos para devolver la paz y armonía a nuestros pueblos. En tal sentido respetamos el derecho a la protesta de quienes se han convocado para el 04 de enero y como ciudadanos tenemos el deber y el derecho de exigirles que no incurran en la violencia. Y, por otro lado, también exigimos que se respete a quienes optan por la Paz y se manifiestan por ella, por eso nos sumamos a la gran convocatoria que se ha realizado a nivel nacional a una gran Marcha por la Paz este 03 de enero y condenamos de nuevo, enérgicamente, todo intento de separatismo y división del país, así como rechazamos la injerencia indebida e ilegal, conforme a las normas internacionales, de gobernantes y políticos extranjeros en los asuntos internos del Perú.
Lima, 02 de enero de 2023
