Una propuesta legislativa en el Congreso de la República, presentada por presentado el congresista Jorge Marticorena de la bancada Perú Bicentenario, busca exonerar a los mineros artesanales del ámbito del Decreto Legislativo 1607. Esta normativa modifica la Ley Contra el Crimen Organizado y emitido como parte de las facultades legislativas otorgadas al Poder Ejecutivo.
Asimismo, el documento indica que el Poder Ejecutivo coordinará con los actores involucrados en cuanto a las acciones de prevención del delito previsto en el artículo 279° del Código Penal, mediante una Mesa Multisectorial.
En la exposición de motivos, se sostiene que, según el Decreto Ley N°17271 el Ministerio de Energía y Minas es el ente encargado de «dirigir, regular y fomentar las actividades mineras y energéticas del país”. Por ello, la primera disposición complementaria final del Decreto Legislativo 1607, excede las facultades legislativas que otorga el Parlamento al Poder Ejecutivo para legislar en diversas materias.
«En virtud de ello, la falta de capacidad por parte de los mineros artesanales, de cumplir con las exigencias establecidas en la primera disposición complementaria final del Decreto Legislativo 1607, los deja en una situación vulnerable respecto a su derecho al trabajo, consagrado en el artículo 22° de la Constitución Política, viéndose imposibilitados de llevar un sustento a sus hogares», se lee en el documento.
En diálogo con Canal N, el presidente de Confemin Perú, Máximo Franco, señaló que los mineros artesanales son “víctimas” del decreto legislativo aprobado por el Poder Ejecutivo y que exonerarlos del Decreto sería la única solución.
“Nosotros estamos en proceso de formalización durante doce años, y en doce años no hemos logrado formalizar mucho, solamente se ha logrado un uno por ciento. Ahora, el Gobierno pretende que, en noventa días, podamos firmar el famoso contrato de explotación, que nunca va a ocurrir (…)”, expresó el dirigente.
Asimismo, sostuvo que el decreto legislativo afectaría cerca de 500 mil mineros artesanales, de los cuales, entre 80 mil y 90 mil se encuentran registrados. Sin contar que se pondría en riesgo el trabajo aproximadamente cuatro millones de personas.
“Eso no va a ocurrir (la formalización de los mineros artesanales). Si en doce años no se ha podido lograr, menos en noventa días, es algo imposible”, finalizó.