La Federación de Periodistas del Perú, rechaza enfáticamente el uso que el Gobierno haga de instrumentos judiciales para perseguir y acallar mediante denuncias fiscales en contra del periodista Beto Ortiz y el canal Willax, por la propagación periodística del informe preliminar de las universidades Cayetano Heredia y San Marcos, donde se pone en duda la eficacia de las vacunas de Sinopharm. Esta denuncia fue establecida previa amenaza en una conferencia de prensa por la presidenta del Consejo de Ministros Violeta Bermúdez Valdivia.
Cabe resaltar que luego de la propagación del informe televisivo “Beto a Saber”, el Minsa publicó un comunicado informando a la ciudadanía que “los ensayos clínicos en Emiratos Árabes Unidos en fase III dieron como resultado 79.34% de efectividad de la vacuna Sinopharm, según el Beijing Institute of Biological Products” éste comunicado en ninguna de sus partes desmiente la veracidad del documento propalado por el programa de Willax.
La libertad de prensa y la libertad de expresión son derechos inalienables de las personas y le dan sustento a la democracia. No se debe conculcar estos derechos, invocando un respeto a la tranquilidad pública que en si ya está afectada con las terribles y censurables carencias de elementos básicos de oxígeno y atención hospitalaria.
La Federación de Periodistas del Perú defiende férreamente y considera que el periodismo nacional no está sujeto a mandato imperativo y que el derecho de acceso a la información pública es un componente del derecho fundamental a la libertad de expresión establecido en el Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) que establece que el derecho fundamental a la libertad de expresión abarca la libertad de “buscar, recibir e impartir información e ideas a través de cualquier medio de comunicación e independientemente de las fronteras”. El acceso a la información pública y la libertad de información se reconocen como derechos humanos en los tres principales sistemas regionales de derechos humanos, es decir, dentro de las Américas, Europa y África, así como en los principales instrumentos internacionales.
El derecho de acceso a la información impone dos obligaciones a los organismos públicos. Primero, el deber proactivo de hacer pública la información clave sobre las actividades de las autoridades y los gobiernos; segundo, la obligación reactiva de responder a las solicitudes de información de las personas, ya sea mediante la publicación de documentos públicos originales o copias de los documentos en posesión.
La transparencia política mejorada a través del derecho de acceso a la información pública conlleva una serie de beneficios fundamentales para las sociedades democráticas. Primero, el acceso a la información pública mejora la responsabilidad pública, ya que contribuye a hacer que los gobiernos y los funcionarios públicos sean más responsables de sus acciones y decisiones. En segundo lugar, el derecho a saber aumenta la participación de las personas, ya que pone a disposición información que puede ayudar a los ciudadanos a tomar decisiones más efectivas sobre asuntos que afectan directamente sus vidas y a participar con opiniones informadas en debates públicos y en el proceso de toma de decisiones. En tercer lugar, el acceso a la información pública contribuye a la eficiencia de la toma de decisiones, ya que la divulgación alienta a las instituciones públicas a gestionar y organizar mejor la información y puede ayudar a mejorar la comunicación entre los organismos públicos. Además, el acceso a la información sirve a otros objetivos sociales. Por ejemplo, el acceso a los registros médicos puede ayudar a las personas a tomar mejores decisiones sobre el tratamiento médico.
Hacemos un llamado a todas nuestras bases y los gremios periodísticos a mantenernos alertas ante este tipo de despropósitos que atentan contra la libertad de prensa en general.
Lima, 06 de marzo de 2021
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL
Ángel Sánchez Dueñas
Presidente
Ricardo Sánchez Serra
Vicepresidente
Fernando Huamán Espinoza
Secretario General
Favio Zea CoranteSecretario Nacional de Organización
