El empresario Gonzalo Monteverde Busalleu mantendrá la orden de prisión preventiva que pesa en su contra desde marzo del 2019 por el caso Odebrecht. Así lo estimó el juez Jorge Chávez Tamariz en una reciente decisión donde también mantuvo la orden de captura contra la exsocia de Monteverde, María Carmona Bernasconi.
Los investigados por lavado de activos y organización criminal y que se encuentran prófugos de la justicia desde hace aproximadamente tres años, solicitaron al Sétimo Juzgado de Investigación Preparatoria que se deje sin efecto la medida de encarcelamiento provisional alegando nuevos elemento de convicción que debilitaban la orden impuesta.
Chávez Tamariz determinó en su resolución que ambos no lograron demostrar tener arraigo laboral ni domiciliario, pues hasta el momento están inubicables y en la clandestinidad. Además, el cierre de fronteras e impedimento para salir y entrar al país para personas sin vacunaciones no es obstáculo para una posible fuga, argumentó el juez: «ha sido posible salir del territorio peruano evadiendo a las autoridades, así que lo sostenido por la defensa no constituye un obstáculo para su huida, máxime si se encuentra prófugo de la justicia».
“Se mantiene vigente la prisión preventiva, porque además de no existir un elemento de convicción suficiente posterior al dictado de la referida medida, el ámbito del peligro procesal ya ha sido materia de pronunciamiento en anteriores ceses, en consecuencia no es de recibo el argumento del solicitante, debiendo mantenerse vigente las órdenes de captura para el cumplimiento de la medida impuesta en su oportunidad que ha sido confirmado por el superior en grado”, recalcó el juez para ambos.
Caso en investigación
El fiscal José Domingo Pérez conduce esta investigación y sostiene que Monteverde integró una organización criminal entre el 2007 y 2015 recibiendo de la «Caja 2» de Odebrecht alrededor de US$24 905.592.
Las empresas de Monteverde recibió dichos montos ilegales y luego efectuó transferencias por un total de US$2.318.751 a favor de la offshore Panameña Balmer Holding Assets Limited, vinculada también al caso Lava Jato en Brasil.
El circuito de transferencias también abarcaría al consorcio constructor IIRSA Norte (de Odebrecht) y la Constructora Área SAC (de Monteverde) que suscribieron un contrato privado por US$ 6.720.451.
