El presidente Castillo devolvió al Congreso con observaciones la ley que fue aprobada y que establecía procedimientos para nombrar a ministros y viceministros de Estado, señalando que no cuenta con respaldo constitucional. El documento que fue remitido a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva (Acción Popular), lleva las firmas de Castillo y del primer ministro, Aníbal Torres.
En las observaciones, el Gobierno indica que no hay justificación constitucional en esta ley al considerar que no se ha evaluado de manera proporcional la posibilidad de que estas restricciones para ministros y viceministros vulneren el derecho a la presunción de inocencia.
El Poder Ejecutivo indica que se debe usar un test de proporcionalidad al momento de aprobar una norma de este tipo en la cual se evalúen tres aspectos: la idoneidad, la necesidad y finalmente el principio de proporcionalidad.
“Al no contar los dictámenes referidos a la autógrafa de ley con el respectivo test de proporcionalidad que permite determinar la constitucionalidad de la restricción del derecho fundamental a la presunción de inocencia, se puede afirmar que la misma no se encuentra adecuadamente sustentada”, señala el oficio.
Detalle de la ley aprobada
Esta propuesta además establece que no pueden ser nombrados ministros quienes, conforme a la normativa vigente, se encuentren con investigación fiscal preparatoria o siendo procesados en el Poder Judicial por delitos de terrorismo, crimen organizado, tráfico ilícito de drogas, corrupción de funcionarios o violencia familiar.
“No pueden ser nombramos presidente del Gabinete Ministerial o titulares de carteras de Interior ni Defensa, quienes conforme a la normativa se encuentren con acusación fiscal o estén siendo juzgados ante el Poder Judicial por delitos de terrorismo o tráfico ilícito de drogas”, agregan.
Gobierno OBSERVA autógrafa de mi proyecto de ley para evitar q procesados y sentenciados asuman cargo de ministro. Se rehusan a convocar a los mejores y pretenden seguir con amigotes. El Congreso INSISTIRÁ con esta propuesta hasta q sea LEY. El estado no es su agencia de empleos.
— Diego Bazán Calderón (@DiegoBazanC1) March 3, 2022
