Dieciséis embajadas han expresado su inquietud a través de un comunicado conjunto sobre la Ley 27692, que contempla la creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional. Esta nueva agencia tendrá la responsabilidad de supervisar a las organizaciones no gubernamentales, lo que parece indicar una intención del legislativo de incrementar el control sobre las asociaciones y ONG.
Es importante destacar que este comunicado ha sido difundido y apoyado por las embajadas de Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Irlanda, Nueva Zelanda, Países Bajos, Reino Unido, Suecia, Suiza y la Unión Europea.
“Como socios de cooperación del Perú, nos preocupan las enmiendas propuestas a la ley de creación de la APCI que restringirían la capacidad de la sociedad civil para operar en un entorno propicio. Las democracias son más inclusivas, equitativas, estables, y prósperas cuando la sociedad civil está plenamente empoderada para proteger los derechos humanos y responder a las necesidades de los ciudadanos”, se lee en el documento publicado en sus redes sociales.
Además, se mencionó la posibilidad de que esta norma pudiera amenazar la democracia si es aprobada. «Las democracias tienden a ser más inclusivas, justas, estables y prósperas cuando la sociedad civil está totalmente capacitada para defender los derechos humanos y atender las necesidades de los ciudadanos», señala la carta.
Sin embargo, La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República aprobó el dictamen, lo que podría comprometer la estabilidad de las 995 ONG registradas en Perú.
Gobierno busca sancionar a las ONG
El proyecto propone la creación de una Intendencia Nacional de Control de Entidades que Administra la Cooperación Técnica Internacional, bajo la supervisión del Ministerio de Economía y Finanzas.
Esta entidad se encargará de vigilar y supervisar a las organizaciones que manejan la Cooperación Técnica Internacional, con el fin de detectar posibles riesgos como la evasión de impuestos, el uso indebido de beneficios fiscales y aumentos patrimoniales injustificados de sus directivos, entre otros. Si se detectan irregularidades, tendrá la autoridad para imponer sanciones a las organizaciones no gubernamentales.
Así, la iniciativa establece diferentes sanciones para las infracciones leves, graves o muy graves cometidas por las ONG. La Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) mantendrá un registro actualizado de todas las organizaciones y entidades que realicen activismo político con fondos de la cooperación internacional. Las sanciones pueden variar desde una advertencia escrita hasta la suspensión temporal de los beneficios derivados de la inscripción en los registros gestionados por la APCI.
