El Tribunal Constitucional de Perú ha generado controversia al ordenar la liberación inmediata del expresidente Alberto Fujimori, condenado en 2009 por crímenes. Esta resolución va en contra de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que previamente solicitó al Estado peruano mantener a Fujimori en prisión.
La sentencia del Tribunal Constitucional argumenta la «falta de competencia» de la CIDH para dictar la no decisión de una orden judicial. Aunque el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales Saravia, ya había afirmado la semana pasada la procedencia de la liberación, destacó que la sentencia del propio tribunal debe prevalecer sobre otras instancias judiciales.
Alberto Fujimori recibió un indulto humanitario en 2017, revocado en 2018, y en 2022, el Tribunal Constitucional declaró fundado un habeas corpus a su favor. La ejecución de esta decisión quedó en manos del juez Vicente Fernández Tapia, quien optó por no hacerla efectiva. La reciente resolución del Tribunal Constitucional expresa su desacuerdo con la decisión del juez, instándolo a actuar con más diligencia.
El abogado de Fujimori, Elio Riera, anunció desde el penal de Barbadillo que su liberación debería ocurrir en un día a más tardar. Sin embargo, hay opiniones legales divergentes, con algunos expertos sugiriendo que la CIDH podría anular la decisión del Tribunal Constitucional, argumentando que no procede el indulto por graves violaciones a los derechos humanos.
En medio de esta situación, la vocera del colectivo de deudos del caso La Cantuta, Gisela Ortiz, lamentó la liberación de Fujimori, considerándola inaceptable y recordando que fue condenado por ser el autor intelectual de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta.
