PJ ratifica prisión preventiva para Vladimir Cerrón por presunto financiamiento ilegal

Ex gobernador de Junín continuará bajo mandato judicial mientras avanza la investigación por aportes ilícitos a campañas de Perú Libre. Su defensa alegó vulneración de la libertad individual, pero el tribunal reafirmó la legalidad del proceso. Aunque fue absuelto en otro caso por la Corte Suprema, la medida restrictiva por financiamiento ilícito sigue vigente.

El Poder Judicial desestimó el recurso presentado por la defensa del exgobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón, quien buscaba anular la orden de prisión preventiva por 24 meses que enfrenta dentro del proceso por presunto financiamiento ilegal a las campañas electorales de su partido, Perú Libre.

La decisión fue emitida por el juez constitucional de Lima, Juan Torres, quien declaró improcedente el habeas corpus interpuesto por los abogados de Cerrón. El recurso pretendía revertir la resolución dictada en junio por el juez Leodán Cristóbal Ayala, que rechazó variar la prisión preventiva por comparecencia. Además, se solicitaba dejar sin efecto el fallo de la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional, que en julio ratificó la medida restrictiva.

En su resolución, el magistrado Torres precisó que no se habían vulnerado los derechos constitucionales del investigado. “No se evidencia afectación al debido proceso ni a la motivación de las decisiones judiciales previas”, indicó. Asimismo, subrayó que el habeas corpus no procede cuando el pedido no guarda relación directa con el contenido constitucional del derecho invocado.

“Habiéndose resuelto la situación jurídica del beneficiario y atendido los pedidos efectuados por la defensa del mismo, y al ser una facultad inherente al juez penal la evaluación del caso en concreto, no pudiendo la justicia constitucional alterarlo o impedirlo, puesto que ello constituiría una intromisión al proceso penal instaurado”, se lee en el documento.

Cabe recordar que Vladimir Cerrón permanece en la clandestinidad desde el 6 de octubre de 2023, fecha en que se dictó en su contra una condena de tres años y seis meses de prisión por colusión simple en el caso “Aeródromo Wanka”. Aunque la Corte Suprema lo absolvió en marzo de 2024 en ese proceso, la orden de prisión preventiva por el caso de financiamiento ilegal sigue firme, manteniéndolo como uno de los prófugos más buscados de la política peruana.