Poder Judicial ordenó la disolución del grupo MOVADEF

La Cuarta Sala Penal de Apelaciones Nacional condeno a varios integrantes por el delito de terrorismo en el caso Perseo.


El Poder Judicial ha ordenado que se disuelva el Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (MOVADEF), así como el cierre de sus locales en el territorio nacional.

El movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales es una organización que ha intentado inscribirse como partido político ante el Jurado Nacional de Elecciones. Sin embargo, opera bajo las órdenes de Sendero Luminoso. La acusación señala que Movadef se ha financiado con dinero proveniente de actividades de narcotráfico y ha servido para mantener la ideología senderista activa en la vida política del país, buscando la liberación de sus líderes encarcelados y la legitimación de su legado violento.

La condena, que se hizo a través de la Cuarta Sala Penal de Apelaciones Nacional, también impuso 35 años de prisión a Victoria Trujillo Agurto; y 16 años y 3 meses de prisión a Alfredo Crespo Bragayrac, Fernando Olórtegui Crispín, Atilio Cahuana Yuyali, Carlos Gamero Quispe, Olmer Apaca Vega y Zulma Peña Melgarejo, al encontrarlos responsables del delito de terrorismo. Todos ellos formaron parte de la cúpula de Sendero Luminoso.

Además, los integrantes del MOVADEF están siendo investigados por el “Caso Perseo”. Caso que comenzó en mayo del 2021, siendo este el mas importante ante la lucha contra el terrorismo. Dentro de los involucrado esta también la viuda del fallecido Abimael Guzman, Elena Iparraguirre.

La Fiscalía solicitaba cadena perpetua para los principales dirigentes senderistas, incluidos Iparraguirre y otros cabecillas como María Pantoja, Osmán Morote, Margot Liendo, Victoria Trujillo y Florindo Flores Hala, quienes han sido acusados de afiliarse y promover actividades terroristas financiadas con recursos provenientes del narcotráfico.

Para los otros 20 imputados, considerados miembros de menor rango dentro de la estructura de Sendero Luminoso y del Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (MOVADEF), el Ministerio Público pidió condenas de 20 años de prisión.