El Poder Judicial ha declarado fundada la demanda de extinción de dominio presentada por la Fiscalía, resultando en la incautación de más de S/ 1.6 millones de cuentas del exgobernador regional de Junín y líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón. Esta medida, adoptada por el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio, señala que no hay evidencia de que los fondos provengan de actividades lícitas.
La incautación incluye S/ 376,969.13 de una cuenta de ahorros en BBVA y un cheque de gerencia por S/ 1,236,543.30. Según la Fiscalía, estos montos están vinculados a delitos de corrupción, específicamente en el caso «Los Dinámicos del Centro», donde Cerrón enfrenta múltiples acusaciones de lavado de activos y criminalidad organizada. La decisión judicial se basa en la presunción de que estos fondos constituyen un incremento patrimonial no justificado, dado que Cerrón solo tiene ingresos limitados que no explican tales sumas.
Desde la clandestinidad, Cerrón ha calificado la medida como «arbitraria», argumentando que los fondos provienen de remuneraciones legítimas de su trabajo en el Ministerio de Salud, EsSalud, la Universidad Nacional del Centro del Perú, y su actividad privada. Ha anunciado su intención de apelar la decisión, insistiendo en que estos «abusos» generan inseguridad jurídica en el país.
El futuro del proceso de extinción de dominio podría verse afectado por modificaciones legislativas en curso. El Congreso ha aprobado cambios a la ley que exigen una sentencia penal firme previa para que proceda la demanda de extinción de dominio, lo cual podría archivar el caso de Cerrón si se promulga. La presidenta Dina Boluarte tiene hasta el 22 de mayo para observar esta norma, mientras que el Tribunal Constitucional también evalúa una demanda de inconstitucionalidad relacionada.
En este contexto, la situación de Cerrón sigue siendo incierta, con implicaciones significativas para la lucha contra la corrupción en Perú.
