El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria declaró fundado el requerimiento del Ministerio Público de acumulación de los dos procesos seguidos contra el excontrolador Edgar Alarcón, a quien se le investiga por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.
Para esta instancia judicial, se indica que “los hechos resultan ser comunes a ambas investigaciones” y que no se comprueba que con la acumulación haya algún “perjuicio a los sujetos procesales, más aún si no es definitiva, ya que, de presentarse diversas circunstancias, puede procederse a la desacumulación conforme a ley”.
“Se hace necesaria la acumulación a efectos de que las investigaciones que se vienen tramitando en Expedientes Judiciales separados, se tramiten en un solo Expediente Judicial, con la finalidad de dar un tratamiento unitario, para así evitar resoluciones contradictorias, garantizar la eficacia del proceso y el conocimiento integral de los hechos; lo que, a su vez, garantiza la celeridad en la administración de justicia, evitándose con ello la duplicidad de actos de investigación y la emisión de decisiones contradictorias que perjudiquen tanto la Administración de Justicia como al investigado por la presunta comisión de los ilícitos penales”, especifica.
Dicha acumulación permitirá que la carpeta fiscal N° 506015506-2019, que estaba siendo tramitada por la Segunda Fiscalía Provincial Penal Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, se sume a otra investigación que se tramita allí mismo con la carpeta fiscal N° 74-2021, en un solo cuaderno judicial.
Por tal motivo, al haber una relación entre ambas carpetas, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo de la decisión, dispuso la acumulación determinando que, en adelante, ambas carpetas se integren al expediente N° 00012-2021-0-5001-JS-PE-01.
Esta acumulación permitirá que se de un tratamiento unitario al caso, impidiendo la duplicidad de actos de investigación y la emisión de resoluciones contradictorias. Además, la eficacia del proceso y el conocimiento integral de los hechos estarán garantizados.
Como se recuerda, el pasado 5 de marzo la Comisión Permanente aprobó acusar constitucionalmente al excongresista (UPP) en su calidad de excontralor, por la presunta comisión del delito contra la administración pública, en su modalidad de enriquecimiento ilícito agravado, en perjuicio del Estado.
