El Poder Judicial ha admitido a trámite la acción de amparo interpuesta por el Instituto de Defensa Legal (IDL) contra la Ley 32301, recientemente aprobada por el Congreso, que otorga mayores competencias a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) para supervisar, sancionar e incluso obstaculizar el trabajo de las organizaciones no gubernamentales (ONGs) que operan con fondos de cooperación internacional.
Carlos Rivera, director del IDL, advirtió que esta normativa vulnera varios derechos fundamentales al exigir que las ONGs cuenten con autorización previa de la APCI para implementar sus proyectos. Además, señaló que la ley impone restricciones a la posibilidad de presentar demandas contra el Estado tanto a nivel nacional como internacional, en espacios judiciales o administrativos.
“Antes la sanción era de hasta 50 UITs, lo cual ya era grave. Sin embargo, esta nueva ley contempla multas desproporcionadas que alcanzan las 500 UITs, lo que evidencia una intención deliberada del Ejecutivo de asfixiar y eventualmente disolver a las organizaciones”, declaró Rivera, quien también anunció que solicitarán una medida cautelar en breve.
Diversas organizaciones sociales y colectivos ciudadanos han denunciado que esta legislación busca amedrentar a las ONGs críticas del régimen. Con la admisión del amparo, el Poder Judicial deberá pronunciarse sobre la constitucionalidad de la ley en una audiencia virtual programada para el 29 de septiembre a las 10:00 a.m. a través de Google Meet.
Miles de víctimas quedarían sin representación legal
Gloria Cano, abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), advirtió que la Ley 32301 podría dejar sin defensa a cerca de 7 mil personas, debido a que numerosas organizaciones de la sociedad civil son las encargadas de brindarles asistencia legal y acompañamiento en procesos judiciales y administrativos.
Cano explicó que Aprodeh representa a más de 500 víctimas solo en un caso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y que su labor se extiende a otros procesos ante la Corte IDH. Entre ellos, mencionó el caso de una menor de edad víctima de violencia sexual por parte de miembros de la Policía, quien incluso dio a luz como resultado de la agresión durante su detención.
“Estamos ante una ley que favorecería a responsables de crímenes graves como desapariciones forzadas, violaciones y ejecuciones extrajudiciales. Si esta norma se implementa, nos veríamos obligados a abandonar la defensa de víctimas en casos emblemáticos, como los asesinatos ocurridos durante las protestas en Ayacucho y Andahuaylas”, expresó.
A su vez, Rocío Gutiérrez, directora de la organización Manuela Ramos, respaldó la postura de Aprodeh y sostuvo que la Ley 32301 pone en riesgo la continuidad de juicios vinculados a violaciones de derechos humanos, especialmente aquellos que investigan las muertes ocurridas durante las movilizaciones contra el gobierno de Dina Boluarte. Según recordó, la mayoría de familias afectadas son representadas por colectivos de la sociedad civil.
“Esta norma pretende silenciar a las organizaciones, desmovilizar la protesta social y eliminar la vigilancia ciudadana. Las ONG cumplen una función esencial en el control del poder y la búsqueda de justicia. La ley tiene una intencionalidad política clara: callar voces críticas”, afirmó Gutiérrez.
