Los pobladores de Manchay, Pachacámac, Jicamarca, Puente Piedra y San Juan de Lurigancho se manifestaron frente al Congreso para exigir viviendas seguras y dignas. Argumentaron que llevan más de 30 años habitando esas tierras, que originalmente eran comunales y que fueron abandonadas. Actualmente, enfrentan desalojos injustificados debido a conflictos relacionados con la superposición de títulos de propiedad, lo que agrava su situación.
Estos afirman que algunos de sus representantes ingresaron al Congreso para gestionar que la Ley N.° 1210 sea debatida por los congresistas y llevada al pleno, con el objetivo de alcanzar un acuerdo que les permita obtener sus títulos de propiedad. Además, no descartaron unirse a las protestas de transportistas y otros gremios que también luchan por sus derechos, en busca de mejores condiciones de vida.
Por otro lado, los habitantes de Puente Piedra enfrentan un grave problema, ya que acusan a la empresa Yolko RJK de presunto tráfico de terrenos. Aseguran que la compañía los está amenazando con desalojos y les exige un pago de 8 000 dólares por cada vivienda, cuando años atrás ellos dieron dinero a otro supuesto dueño. Además, señalan que, aunque la empresa inscribió los terrenos en los registros públicos, solo presentó planos realizados con drones, lo que se cuestiona como un procedimiento ilegal.
Tras un tiempo de reclamos, se acercaron al grupo el congresista Jaime Quito y su asesor de comunicaciones, quienes les informaron que, por el momento, no podían ofrecerles una solución adecuada, ya que el asunto no está en sus manos. Ante esta situación, los pobladores decidieron buscar el apoyo de la congresista Digna Calle, quien ha brindado asistencia y ayuda a otras asociaciones con problemas similares. Además, señalaron que, a pesar de pagar sus arbitrios, carecen de los principales servicios básicos.
